La Resolución de la Tercera Sala de la Corte Suprema de noviembre de 2022 que resolvió el uso de una tabla única de factores en el sistema privado determinó que el Gobierno presentara la denominada “ley corta” al Poder Legislativo para resolver su aplicación. Este es un grave problema de larga data que obedece esencialmente a los 2,3 millones de causas ingresadas a la Corte de Apelaciones desde el 2013 al 2022. Hubo una serie de advertencias de varios ministros de la Corte “Hasta el día de hoy ninguna regulación se ha preocupado del tema de la reajustabilidad de los planes de salud con lo cual la conflictividad se resuelve por los Tribunales” (ministro Sergio Muñoz, año 2015, entre otros). Es de destacar que desde que se iniciaron las causas hasta hoy han existido cinco Gobiernos, diez ministros de Salud, nueve Subsecretarios, ocho Superintendentes de Salud que no resolvieron el problema fundamentalmente por la complejidad política que nos recuerda lo que decía Barros Luco “cuando el problema es muy grande, mejor no hacer nada”. El Poder Ejecutivo demoró nueve años, desde la Sentencia del Tribunal Constitucional en agosto del 2010 hasta que la Superintendencia de Salud emitiera la circular IF343 en diciembre del 2019, unificando la tabla de factores. La aplicación de la tabla de factores obedece a los criterios de la compensación de riesgos establecido en la legislación que creo las Isapres y debió ser corregido oportunamente por el ejecutivo mediante algún mecanismo de reajustabilidad con compensación de riesgo.
El problema de la salud, que afecta gravemente al sector público y privado produce incertidumbre y detención de la inversión. Según informes de la Subsecretaria de Redes Asistenciales en el sector público existían a diciembre del 2022 más de dos millones de pacientes en listas de espera, sobre trescientas mil cirugías dilatadas, sesenta y un mil patologías Ges no cumplidas entre las cuales hay doce mil pacientes de cáncer que es un grave atentado a los derechos básicos de esos pacientes. Es de destacar que según informe de la Dipres el gasto público ha crecido un 9% real en las últimas dos décadas y se ha duplicado entre 1990 y 2012. La salud privada atiende más de once millones de personas, el 90% de los procedimientos de diálisis, el 30% de las camas críticas y las Isapres acumulan una deuda de $ 485 mil millones (30% prestadores individuales) y la deuda del sector público es de $ 343 mil millones según informes de la Asociación de Clínicas.
La complejidad del problema es que tiene aristas judiciales, legislativas y políticas. Si se considera la Resolución de la Corte sobre todos los contratos, como parece lo interpreta el Gobierno, se llega a una cifra de U$ 1400 millones que afecta a 1,2 millones de contratos según datos de la Superintendencia de Salud, que representa 3,2 veces el patrimonio de las Isapres. No obstante, el Observatorio Judicial al igual que el criterio de la ministra Vivanco en entrevista a La Tercera, hacen ver el artículo 3 del Código Civil determina “que las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino de las causas en que actualmente se pronunciaren”. Por consiguiente, es el Poder Legislativo el que tiene que resolver la interpretación del fallo de la Corte. Es la oportunidad además de corregir el índice de reajustabilidad del sistema de salud privado.
Salud y medicina son dos aspectos distintos de la salud pública. Los problemas de la salud actual son diversos a lo de los años 50´s donde la tecnología cambia los paradigmas en tratar enfermedades y la modernización del Estado debe jugar un rol protagónico. El paciente, el gran olvidado en los últimos decenios, debe tener un rol determinante en las políticas públicas modernas en salud ¿Queremos un sistema con un plan garantizado para tener acceso igualitario y oportuno a los servicios de salud con capacidad que el paciente elija libremente el prestador sea este público o privado o un sistema de Fondo Único donde el Estado actúa como monopolio? Esta es una cuestión previa que debe resolver el Poder Legislativo donde el desarrollo de una economía moderno nos orienta hacia sistemas mixtos con participación público privado. Chile tiene capacidad profesional que, con un criterio de Estado y, superando los dogmatismos, improvisaciones, voluntarismos, tan habituales en salud, debemos avanzar entre médicos, enfermeras, tecnólogos, Ten´s, matronas, ingenieros, economistas a un sistema de salud universal de acceso igualitario, oportuno, sin discriminaciones.
Jaime Calderón Riveros
Ingeniero Comercial
Santiago, agosto 3, 2023
