Salud y Estado de Derecho

Hoy vivimos una crisis terminal del actual modelo de previsión social en salud. No es responsabilidad de la actual administración sino de décadas de inacción del poder ejecutivo y de un discurso político que no ha considerado al paciente al centro de una política pública en salud. Es políticamente muy rentable dispararle al sistema privado en salud y un buen ejemplo es un diputado que emitía opiniones cuando todavía no se entregaba el informe de expertos. Hay una irresponsabilidad política. Opiniones simples a problemas complejos, signo de nuestros tiempos.

¿Por qué el ejecutivo demoro casi una década en fijar una tabla única de factores después de la Sentencia del Tribunal Constitucional de agosto del 2010? Varios ministros de la Corte habían advertido reiteradamente que no tener un índice de reajustabilidad en salud era motivo de conflicto que el legislador debería resolver ¿Se ajusta a derecho el fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema que interpreta leyes fijando criterios con efecto retroactivo, lo que contradice una sana interpretación de las leyes? El Observatorio Judicial hizo ver que la Resolución de la Corte afecta solo a los incumbentes como lo determina el artículo 3 del Código Civil, “las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino de las causas judiciales que actualmente se pronunciaren o de lo contrario es un grave atentado a la democracia por la independencia de los Poderes del Estado”. Entonces cabe preguntarnos, ¿porque el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo no hizo ver a la Corte que la Resolución de la Tercera Sala intervenía en políticas públicas? ¿Porque no se preguntó a la Corte cuantos y cuáles eran los incumbentes? Curioso que después de una entrevista en La Tercera en que reiteraba este concepto jurídico, la ministro Angela Vivanco fuera suspendida como vocera y no asistiera a la resolución cuando fue presentado el recurso aclaratorio por la Superintendencia de Salud. Es obvio que la Resolución de la Tercera Sala de la Corte Suprema no se debió a un criterio de administrar justicia sino a solucionar el grave problema administrativo de atochamiento por los 2,2 millones de causas presentadas en las Cortes de Apelaciones entre el 2013 y 2022. Esto es consecuencia de la falta de voluntad política y liderazgo en enfrentar el problema de modernizar el sistema salud por la conflictividad que esto significaba y presión de los gremios de la salud. Modernizar el sector público era inviable políticamente como lo demuestra el informe Caldera del exministro Carlos Massad que fue guardado en un cajón o la detención del programa de modernización del sector salud mediante concesiones hospitalarias iniciada por el expresidente Ricardo Lagos.

Falto liderazgo y visión de Estado en resolver el problema de la salud teniendo como eje al paciente, objeto de toda política pública en salud, olvidado por décadas. Los dogmatismos extremos no han permitido avanzar en salud y es indignante para un país que se dice camino al desarrollo con buenos índices macroeconómicos tenga más de quince mil pacientes con cáncer y más de sesenta mil garantías Ges no atendidas, más de trescientas mil cirugías dilatadas y más de dos millones de atenciones de especialistas no atendidas lo que es un grave atentado a los derechos humanos de los pacientes. Esto sucede a pesar de una fuerte inversión pública donde el gasto ha crecido un 9% anual entre 1990 y 2012 que en términos del PIB se ha duplicado pasando del 1,6% al 3,5% según informes de la Dipres. En mi opinión, es totalmente precipitada la actuación de la Superintendencia de Salud de mencionar un cálculo de U$ 1,5 millones que no considera la interpretación jurídica y entregarla como cifra oficial lo que no sorprende porque junto a director de Fonasa están por eliminar el sistema privado en salud. Posteriormente una comisión de expertos determinó una cifra de U$ 500 millones y el Gobierno entrega una cifra de U$ 1,0 millones que más parece una negociación política que técnica.

En mi opinión, los ejes a una solución del problema de salud que tenga al centro al paciente con el objeto de que este tenga un acceso oportuno e igualitario a la salud debe considerar. Primero, fijar que el centro de toda política pública en salud debe ser el paciente (la milenaria cultura china, muy pragmática, nos dice que no importa el color del gato, sino que coma ratones). Segundo un Estado directriz de las políticas públicas en salud con un ministerio moderno con vicepresidencias ejecutivas y hospitales con directorios y gerencias en base a productividad captando recursos de la empresa y beneficencia y concesionando los edificios, aseo, lavandería para tener mejor uso de recursos. Tercero, definir que el sistema de salud chileno es un sistema mixto con participación pública y privada fijando reglas claras y políticas de reajustabilidad en salud que considere el incremento del costo por la tecnología entre otros.Cuarto, orientar el gasto a la prevención y salud primaria para resolver el grave problema de la obesidad, alcoholismo, drogadicción, salud mental, salud odontológica usando la tecnología como diagnóstico por imágenes, mamografía, ecotomografía, colonoscopía, exámenes de laboratorio entre otros, estableciendo una fuerte capacitación médica. El Servicio Militar Social, como en Suiza e Israel, es una herramienta del Estado a considerar para enfrentar el grave problema de la drogadicción y delincuencia juvenil. Quinto, un seguro universal solidario y obligatorio que proteja al paciente de enfermedades de alto costo. Sexto, establecer incentivos a los trabajadores de la salud en base a productividad que mejore sus condiciones laborales y los proteja de agresiones.

Se necesitan liderazgos fuertes en salud y fijar políticas públicas de mediano y largo plazo que efectivamente otorguen un acceso igualitario y oportuno a la salud de los pacientes con un criterio de Estado.

Jaime Calderón Riveros

Ingeniero Comercial

Santiago, diciembre 6, 2023

Liderazgo en salud

La salud está en la UTI. En la casa del asesor Miguel Crispi se decidió el futuro de la salud en Chile que va a afectar a millones de chilenos. En un ideologismo extremo se privilegió el modelo de un monopolio estatal de los pacientes con un fondo único y seguros privados complementarios. El fondo único empobrece a la clase media y solo produce miseria, desigualdad y es un foco de corrupción, y no considera que el paciente es el centro de una política pública en salud. Un seguro universal sin exclusiones ni carencias de ningún tipo debe ser el foco en una política pública en salud. La Comisión de Salud del Senado hizo un buen acercamiento en consensuar posiciones nombrando comisiones técnicas que no fueron escuchadas por el ejecutivo. Las decisiones del Poder Judicial se extralimitaron en sus funciones interviniendo en políticas públicas del Poder Ejecutivo. La esencia de una democracia es la separación de poderes.

¿Por qué estamos en esta situación? ¿Qué nos pasó?

El problema de la salud en Chile es de larga data donde unos de los aspectos claves es la falta de liderazgo por décadas como es modernizar el sector público. Ejemplo es el Informe Caldera del ministro Carlos Massad que el gremio médico se opuso tenazmente o la detención del plan de concesiones hospitalarias iniciada por el presidente Lagos. Falto liderazgo en no haber resuelto el problema de la reajustabilidad de los seguros privados en el marco de una seguridad social moderna. Desde los 2000 se presentaron recursos judiciales y varios ministros de la Corte hicieron ver la conflictividad de no tener índices de reajustes “No se han abordado la reajustabilidad de los planes” (ministro Sergio Muñoz), “se necesita cambios legislativos y revisión de políticas vigentes” (ministro Hugo Dolmetch). El resultado fue la sentencia del Tribunal Constitucional de agosto del 2010 que dictaminó la inconstitucionalidad de la tabla de factores argumentando la discriminación por sexo y edad. Pasaron casi diez años para la Superintendencia de Salud emitiera circular IF/343, interpretando Resolución del Tribunal Constitucional, determinando una tabla única de factores. Desde mediados de los 2000 en que se presentaron los primeros recursos hasta la dictación de la circular han pasado nueve superintendentes de salud de varios Gobiernos.

Posteriormente la Tercera Sala de la Corte Suprema en noviembre del 2022 dictó sentencia estableciendo que la tabla única de factores se debía aplicar con efecto retroactivo, lo que jurídicamente es objetable, desde la fecha de la circular de la Superintendencia de Salud de diciembre del 2019. El Observatorio Judicial hizo ver que la Resolución de la Corte afecta solo a los incumbentes como lo determina el artículo 3 del Código Civil, “las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino de las causas judiciales que actualmente se pronunciaren o de lo contrario es un grave atentado a la democracia por la independencia de los Poderes del Estado” Este es el mismo criterio de la ministra Angela Vivanco en una entrevista en La Tercera. Es curioso que cuando se presentó recurso de aclaración por la Superintendencia no estuviera en la Tercera Sala la sala y fuera alejada de la vocería de la Corte.

La sentencia de la Tercera Sala de la Corte Suprema se originó básicamente porque la Corte debía resolver el atochamiento por los 2,2 millones de causas presentadas en las Cortes de Apelaciones entre el 2013 y 2022 de las cuales un 65% era por alza de precios y 23% por aumento de la cobertura Ges.

El sistema de salud chileno público y privado vive tiempos dramáticos con un colapso inminente si el ejecutivo no actúa con un criterio de Estado en una solución consensuada. El sector privado atiende el 52% de las atenciones médicas, con solo el 20% de las camas efectúa 680 mil intervenciones que son el 47% del total nacional, el 90% de las diálisis en Chile. El endeudamiento del sistema de aseguramiento privado tiene pérdidas de $ 192,1 mil millones el 2021 y $ 141 mil millones el 2022 según informes de la Comisión nombrada por el Senado. La Subsecretaría de Redes Asistenciales menciona que hay sobre dos millones de consuntas de especialistas atrasadas, más de sesenta mil garantías Ges no cumplidas y lo más grave, más de quince mil pacientes con cáncer no atendidos. Esto a pesar de haber incrementado el gasto un 9% del período 1990-2012 que en términos del PIB significó duplicarlo, pasando del 1,6% al 3,5% según informe de la Dipres.

Se necesita liderazgo en salud para solucionar este grave problema que produce incertidumbre y el colapso del sistema de aseguramiento va a afectar a los pacientes, médicos que va a arrastrar a la quiebra de clínicas y centros privados produciendo un inédito problema de salubridad pública donde se debe actuar con criterio de Estado. Los ejes de una política pública en salud debe ser el paciente objeto de toda política en salud, un Ministerio de Salud moderno de acuerdo a los tiempos actuales con vicepresidencias ejecutivas y hospitales con directorios y gerencias que debe tener un rol de directriz de toda política pública en salud usando todos los mecanismos del Estado, focalizar el gasto a la prevención y salud primaria, medicina familiar, un sistema mixto con participación pública y privada, establecer un plan básico en salud financiado, un seguro universal catastrófico solidario que subsidie las enfermedades de alto costo, incorporar a los trabajadores de la salud estableciendo bonos por productividad entre otros. Falta liderazgo en salud que enfrente con criterio de Estado y generosidad los graves problemas que afectan principalmente a los más pobres.

Jaime Calderón Riveros

Ingeniero Comercial

Santiago, diciembre 1, 2023

Hacia un sistema mixto en salud

La Resolución de la Tercera Sala de la Corte Suprema de noviembre de 2022 que resolvió el uso de una tabla única de factores en el sistema privado determinó que el Gobierno presentara la denominada “ley corta” al Poder Legislativo para resolver su aplicación. Este es un grave problema de larga data que obedece esencialmente a los 2,3 millones de causas ingresadas a la Corte de Apelaciones desde el 2013 al 2022. Hubo una serie de advertencias de varios ministros de la Corte “Hasta el día de hoy ninguna regulación se ha preocupado del tema de la reajustabilidad de los planes de salud con lo cual la conflictividad se resuelve por los Tribunales” (ministro Sergio Muñoz, año 2015, entre otros). Es de destacar que desde que se iniciaron las causas hasta hoy han existido cinco Gobiernos, diez ministros de Salud, nueve Subsecretarios, ocho Superintendentes de Salud que no resolvieron el problema fundamentalmente por la complejidad política que nos recuerda lo que decía Barros Luco “cuando el problema es muy grande, mejor no hacer nada”. El Poder Ejecutivo demoró nueve años, desde la Sentencia del Tribunal Constitucional en agosto del 2010 hasta que la Superintendencia de Salud emitiera la circular IF343 en diciembre del 2019, unificando la tabla de factores. La aplicación de la tabla de factores obedece a los criterios de la compensación de riesgos establecido en la legislación que creo las Isapres y debió ser corregido oportunamente por el ejecutivo mediante algún mecanismo de reajustabilidad con compensación de riesgo.

El problema de la salud, que afecta gravemente al sector público y privado produce incertidumbre y detención de la inversión. Según informes de la Subsecretaria de Redes Asistenciales en el sector público existían a diciembre del 2022 más de dos millones de pacientes en listas de espera, sobre trescientas mil cirugías dilatadas, sesenta y un mil patologías Ges no cumplidas entre las cuales hay doce mil pacientes de cáncer que es un grave atentado a los derechos básicos de esos pacientes. Es de destacar que según informe de la Dipres el gasto público ha crecido un 9% real en las últimas dos décadas y se ha duplicado entre 1990 y 2012. La salud privada atiende más de once millones de personas, el 90% de los procedimientos de diálisis, el 30% de las camas críticas y las Isapres acumulan una deuda de $ 485 mil millones (30% prestadores individuales) y la deuda del sector público es de $ 343 mil millones según informes de la Asociación de Clínicas.

La complejidad del problema es que tiene aristas judiciales, legislativas y políticas. Si se considera la Resolución de la Corte sobre todos los contratos, como parece lo interpreta el Gobierno, se llega a una cifra de U$ 1400 millones que afecta a 1,2 millones de contratos según datos de la Superintendencia de Salud, que representa 3,2 veces el patrimonio de las Isapres. No obstante, el Observatorio Judicial al igual que el criterio de la ministra Vivanco en entrevista a La Tercera, hacen ver el artículo 3 del Código Civil determina “que las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino de las causas en que actualmente se pronunciaren”. Por consiguiente, es el Poder Legislativo el que tiene que resolver la interpretación del fallo de la Corte. Es la oportunidad además de corregir el índice de reajustabilidad del sistema de salud privado.

Salud y medicina son dos aspectos distintos de la salud pública. Los problemas de la salud actual son diversos a lo de los años 50´s donde la tecnología cambia los paradigmas en tratar enfermedades y la modernización del Estado debe jugar un rol protagónico. El paciente, el gran olvidado en los últimos decenios, debe tener un rol determinante en las políticas públicas modernas en salud ¿Queremos un sistema con un plan garantizado para tener acceso igualitario y oportuno a los servicios de salud con capacidad que el paciente elija libremente el prestador sea este público o privado o un sistema de Fondo Único donde el Estado actúa como monopolio? Esta es una cuestión previa que debe resolver el Poder Legislativo donde el desarrollo de una economía moderno nos orienta hacia sistemas mixtos con participación público privado. Chile tiene capacidad profesional que, con un criterio de Estado y, superando los dogmatismos, improvisaciones, voluntarismos, tan habituales en salud, debemos avanzar entre médicos, enfermeras, tecnólogos, Ten´s, matronas, ingenieros, economistas a un sistema de salud universal de acceso igualitario, oportuno, sin discriminaciones.

Jaime Calderón Riveros

Ingeniero Comercial

Santiago, agosto 3, 2023

Hacia una salud igualitaria

I. Antecedentes Legales

1) El Tribunal Constitucional emitió sentencia el 6 de agosto del 2010 que dictaminó en fallo dividido, la inconstitucionalidad de aplicar la tabla de factores argumentando la discriminación por sexo y edad establecido en artículo 38 ter de la ley 18933 de las Isapres.
Esta resolución obedeció juicios presentados desde el año 2007 y está en el marco jurídico del Tribunal de revisar la constitucionalidad de las leyes.

2) El 11 de diciembre del 2019 la superintendencia de Salud emitió la Circular 343 interpretando la Resolución del Tribunal Constitucional del 2010, determinando una tabla única de factores.

3) El 30 de noviembre del año 2022 la Tercera Sala de la Corte Suprema dictaminó que la tabla única de factores se debía aplicar desde la fecha de la Circular de la Superintendencia de Salud de diciembre del 2019.

4) En entrevista del 4 de junio del 2023 en La Tercera la ministro de la Tercera Sala de la Corte Suprema mencionó que la Resolución de la Corte se aplica solo a los incumbentes que presentaron recurso de protección como le determina el artículo 3 del Código Civil “las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaran”.

5) La Superintendencia de Salud presentó un recurso de aclaración a la Tercera Sala en relación con precisar el sentido de la resolución judicial que aclarara si la sentencia tenía efectos generales o particulares dictaminando por resolución unánime, presidida por el magistrado Sergio Muñoz, “no hay nada que aclarar”. Es de notar que no estaba la Magistrada Angela Vivanco por estar con permiso.

Comentario

a) Llama la atención que la Superintendencia de Salud demorara nueve años en emitir una Circular para cumplir la Sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010.

b) No encontré en la lata Sentencia del Tribunal Constitucional se preguntará por criterios de reajustabilidad en la industria de los seguros, como son los planes de salud. Estos funcionan mediante tabla de riesgos y es obvio que existió una aplicación abusiva de la tabla de riesgos que debió ser corregida oportunamente. Creo interesante conocer la forma de cálculo de la industria de los seguros.

c) En mi opinión la sentencia de la Tercera Sala de la corte Suprema de noviembre del 2022 obedeció principalmente al atochamiento de Causas por los miles de recursos de protección presentados.

d) La “interpretación de las leyes” de nuestros jueces es un problema extraordinariamente grave porque distorsiona la aplicación de la justicia. No se entiende que una resolución de un Tribunal Superior no respete el Código Civil.

e) Esta situación traspasa un problema que debe ser resuelta por el Poder Ejecutivo al ámbito legal.

Desde que se presentaron los primeros recursos de protección el año 2007 a la fecha han existido cinco gobiernos de distintas sensibilidades políticas, diez ministros/as de Salud, nueve Subsecretarios/as de Salud, ocho Superintendentes de Salud.

II.- Presentaciones Comisión de Salud

1) La Superintendencia de Salud informó que la aplicación de la Resolución de la Corte implica la devolución de U$ 1445 millones que es la cifra con que trabajo el Gobierno.

2) La presentación de la Fen de un trabajo encargado por Banmédica establece una cifra similar de U$ 1442 millones entre mayo del 2020 y mayo del 2023 que equivale a 3,2 veces el patrimonio de las Isapres. El estudio menciona que tendría un efecto global sobre el sistema de U$ 3372 millones y demorarían 17,69 años en recuperar este desembolso (10,44 años si se toman los tres mejores años sin pandemia).

3) Un estudio de la Universidad Andrés Bello menciona seis escenarios distintos de acuerdo con la interpretación del fallo.

Comentario

Es extraordinariamente grave la situación de incertidumbre en salud que tiene un efecto en la industria, en los derechos de los pacientes, en la cancelación de los honorarios médicos, proveedores de la industria, en la detención de la inversión.


III.- Cuestión previa

El objetivo de la presentación de la denominada “ley corta” es resolver el problema de los seguros privados que afectan todo el sistema, público y privado, sector donde existe una enorme incertidumbre.

En entrevistas a la prensa el director de Fonasa ha declarado “que las Isapres desaparecen del sistema de salud en Chile” y es el mismo criterio del Superintendente de Salud. Se ha mencionado un seguro complementario de Fonasa destinado a captar los pacientes de las Isapres.

Es obvio que para poder avanzar debemos preguntarnos ¿Qué sistema de salud queremos? ¿Un sistema de seguro único manejado por Fonasa con un Fondo Único que capte las cotizaciones de los pacientes más recursos estatales?

En un informe de la Subsecretaria de Redes Asistenciales de este año 2023 al 31 de diciembre del 2022 existían 61191 patologías Ges no cumplidas de las cuales 12346 corresponden a diferentes diagnósticos de cáncer que reflejan la grave crisis de la salud a pesar de haber duplicado el gasto público el último decenio.

¿Está capacitado Fonasa de recibir más de tres millones de pacientes? ¿Qué sucede con los derechos de los pacientes de las Isapres? ¿Qué sucede con la inversión privada en el sector salud y el riesgo que el Estado sea demandado en la Ciade al cambiar el sistema?

En mi opinión, sin resolver “la cuestión previa” es difícil avanzar en la solución del problema de la salud en Chile

IV.- Avancemos en salud

El objetivo de todo sistema de salud es otorgar atención oportuna e igualitaria al acceso a los servicios de salud que debe ser universal, que no produzca discriminación alguna por raza, situación económica, preexistencia estableciendo al centro de una política pública en salud al paciente (el gran olvidado) como lo determina el juramento hipocrático “la salud de mis pacientes será el objetivo prioritario de mi trabajo”.

Chile suscribió la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Naciones Unidas “Toda persona tiene derecho, así como su familia, a salud y bienestar incluyendo asistencia médica y es parte integral de las políticas de seguridad social.

El destacado filósofo Jorge Millas Jimenez de la Universidad de Chile nos enseñaba “sentémonos a conversar como si no sé nada para entender lo que el otro me quiere decir y de esta forma producir verdad”. Los dogmatismos, las improvisaciones, los voluntarismos y los propios gremios de la salud son el gran problema para avanzar en salud.

En Chile existe capacidad profesional entre médicos, enfermeras, matronas, tecnólogos, Ten´s, ingenieros, arquitectos, economistas de construir un buen sistema de salud enfocado al paciente.

En mi opinión hay ejes sustantivos para establecer una Política de Estado en Salud en los criterios de la salubridad pública moderna, de los cambios demográficos y del desarrollo de la tecnología.

Primero: el paciente

El paciente (y no otro) debe ser el objeto central de toda política pública en salud.

Segundo: la modernización del Estado

Como quedó demostrado en la pandemia, el Ministerio de Salud debe ser el rector de toda política pública en salud. Un Ministerio con vicepresidencias ejecutivas, hospitales públicos con directorios y gerencias incorporando la variable productividad y que capten recursos de instituciones de Beneficencia, empresa y otros.

Tercero: la prevención

El foco del gasto debe estar en la prevención y la salud primaria incorporando tecnologías como diagnóstico por imágenes, ecotomografía, mamografía, colonoscopía que son herramientas sustantivas en la detección precoz de enfermedades. La alfabetización sanitaria es una herramienta sustantiva en la prevención. Actuar antes que se produzca la enfermedad nos enseña la milenaria cultura china. Se debe establecer un plan nacional preventivo en salud integrando a las Mutualidades de Seguridad.

Cuarto: un acuerdo público y privado

En Chile existe un sistema mixto con hospitales públicos, hospitales privados, hospitales de las FFAA y Mutuales de Seguridad.

La forma directa de que los pacientes tengan un acceso igualitario y oportuno a la salud es que el Estado mediante Fonasa, que debe actuar como un seguro público, otorgue directamente financiamiento a los pacientes, usuarios del sistema.

El Estado mediante el Ministerio de salud moderno coordina la atención de los pacientes en toda la red pública y privada. Con esto se termina el problema de las listas de espera, cirugías postergadas, atención de pacientes con patologías con cáncer.

El financiamiento proviene de cotizaciones individuales más aportes del Estado.

En la modernización del Estado se estudia licitar los edificios de la red pública, no los servicios médicos (mantención, equipamiento, aseo, lavandería, seguridad) estableciendo los hospitales como unidades económicas con directorios y gerencias, obteniendo los trabajadores un porcentaje en los resultados de la gestión.

Quinto: Garantías Ges

El plan garantizado Ges se extiende a todos los exámenes preventivos y salud primaria y curativos otorgando un subsidio directo a las personas atendido por Fonasa o financiamiento privado en el caso de las Mutualidades de Salud.

Sexto: Capacitación

La capacitación de los profesionales de la salud es un problema de Estado que debe ser coordinado por intermedio de las Sociedades Científicas

Séptimo: Seguro catastrófico universal

Establecer un seguro de enfermedades catastrófico universal y para enfermedades raras.

Octavo: Estatuto de los Trabajadores de la Salud

Un estatuto especial que los proteja de las agresiones e incentive la carrera funcionaria.


Comentario

Lo central en la solución del grave problema de la salud es la modernización del Estado donde se necesita mucha ingeniería en el diseño del sistema que debe estar enfocado al nuevo perfil demográfico, a las nuevas enfermedades y lo esencial, orientado al paciente. Mientras no se superen los criterios de una vieja salubridad pública que asigna al Estado un rol protagónico y no al paciente la libertad de elección, difícilmente se avance en salud.

Jaime Calderón Riveros

Ingeniero Comercial

Santiago, julio 2, 2023

Avancemos en salud: Mutuales de Salud

Chile suscribió la Declaración Universal de Derechos humanos de la Naciones Unidas. “Toda persona tiene derecho, así como su familia a salud y bienestar, incluyendo asistencia médica y es parte integral de las políticas de seguridad social. Hoy vivimos una grave crisis de la salud pública con millones de pacientes en lista de espera, miles de cirugías dilatadas incluyendo cáncer, miles de garantías Ges no cumplidas a pesar de haber duplicado el gasto el último decenio. La decisión de la Tercera Sala de la Corte afecta el sistema de salud chileno en especial la salud privada produciendo incertidumbre y desincentivando la inversión.

El Servicio Nacional de Salud fue creado el año 1952 por los médicos Eduardo Cruz Coke Lassabe, que militaba en el partido conservador cristiano de la época, y Salvador Allende Gossens, que militaba en el partido socialista de Chile, y su objetivo era la protección de la salud de todos los chilenos. Es particularmente destacable la creación en esos años de una ley de medicina preventiva. El fin superior de la salud de los chilenos logró unir a estos dos destacados médicos en una política pública con criterio de Estado.

El destacado filósofo Jorge Millas Jiménez de la Universidad de Chile nos enseñaba “sentémonos a conversar como si no sé nada para entender lo que el otro me quiere decir, y de esta forma producir verdad”. Los dogmatismos, las improvisaciones, los voluntarismos son los grandes enemigos de la salud donde debemos actuar con prudencia y generosidad.

Consecuencia de miles de litigios presentados en la Corte después de la Resolución del Tribunal Constitucional del 6 de agosto del 2010, la Tercera Sala de la Corte Suprema emitió un fallo el 30 de noviembre de 2022 determinando el uso de una tabla de factores única aplicable desde la fecha de emisión de la Circular 343 de la Superintendencia de Salud del 19 de diciembre de 2019. Es de destacar que estos millonarios litigios representan alrededor del 10% de la masa total de afiliados donde el ejecutivo estuvo nueve años sin actuar, lo que gatilló este fallo de la Corte que afecta en forma trascendente al sistema de salud chileno.

Un buen sistema de salud debe ser universal, que no produzca discriminación por raza ni por capacidad económica, preexistencia alguna estableciendo al paciente como eje central porque este y no otro es el objeto de una política pública en salud, como lo determina el juramento hipocrático “la salud de mis pacientes será el objetivo prioritario de mi trabajo”. Este debe tener acceso oportuno e igualitario a los servicios de salud.

La actual crisis es una gran oportunidad de construir un buen sistema de salud donde en Chile hay capacidad profesional entre médicos, enfermeras, matronas, tecnólogos, Ten ́s, ingenieros biomédicos y técnicos, economistas, de construir sistema de salud enfocado en el paciente.

La pandemia nos demostró que es factible una participación público-privada coordinada por el Ministerio de Salud con éxito. En los conceptos de una salubridad pública moderna, una alternativa es transformar las Instituciones de Salud Previsional en Mutualidades de Salud más un Fonasa moderno con financiamiento mixto vía recursos presupuestarios y cotizaciones. Este financiamiento debe entregar un plan básico en salud igualitario para todos los usuarios del sistema y un plan básico preventivo con el objeto de que tengan un acceso oportuno a los servicios de salud sin discriminación alguna orientado a que el paciente tenga libertad de elegir libremente el prestador sea este público o privado. El Estado proveerá los recursos a los más desposeídos para que todos tengan acceso a este plan único básico.

En los criterios de la salubridad moderna es necesario entender el cambio de la matriz demográfica que nos plantea el desafío de nuevas enfermedades, que las nuevas tecnologías tienen un aporte trascendente en la medicina moderna en especial en la prevención como el diagnóstico por imágenes, ecotomografía, colonoscopía, mamografía entre otras. En este marco es trascendente la modernización del Estado con un Ministerio con vicepresidencias ejecutivas y hospitales con gerencias y directorios que capten recursos de fuerzas vivas como instituciones de beneficencia, amigos del hospital, empresa y otras. Es sustantivo orientar el gasto a la prevención y salud primaria, “actuar antes que se produzca la enfermedad” nos enseña la milenaria cultura china, a la alfabetización sanitaria que enfrente el grave problema de obesidad infantil, alcoholismo juvenil, drogadicción donde se necesita una acción del Estado en planes de mediano y largo plazo.

Potenciar la cobertura del Ges y garantizar su cumplimiento es básico en una salubridad actual. Un seguro universal catastrófico es esencial para proteger al paciente de enfermedades de alto costo en forma solidaria. La capacitación en el uso de nuevas tecnologías con participación del Estado en conjunto con las sociedades científicas es esencial en una política de salubridad moderna. Los trabajadores de la salud deben estar protegidos de agresiones y tener una carrera funcionaria.

La salud que afecta lo más esencial de ser humano que es la vida misma, y debemos construir un sistema de salud que efectivamente otorgue acceso igualitario y oportuno a todos los habitantes del Chile sin discriminación alguna. Tenemos una gigante tarea y debemos actuar con generosidad y criterio de Estado.

Jaime Calderón Riveros

Ingeniero Comercial

Santiago, mayo 25, 2023

Grave crisis en salud: un enfoque propositivo

Este martes fue finalmente presentada por el Gobierno en el Senado la denominada “ley corta” para resolver la situación del sector salud con posterioridad a la resolución de la Tercera Sala de la Corte Suprema del 30 de noviembre del 2022 que otorga un plazo de seis meses para la aplicación del fallo. Entre otros considerandos la Corte determina una nueva jurisprudencia en base a una sentencia del Tribunal Constitucional del 6 de agosto del 2010 que dio origen a la Resolución 343 de la Superintendencia de Salud del 19 de diciembre del 2019 basado en los criterios de seguridad social de protección al beneficiario de los planes de salud. La Corte hace mención en su artículo cuarto de las miles de causas litigadas por la aplicación de la tabla de factores. Finalmente la Corte determina que se debe aplicar una tabla única de factores a contar del 19 de diciembre del 2019 que es la fecha de la resolución de la Superintendencia de Salud. La Corte no menciona ningún criterio de reajustabilidad futura.

Esta resolución de la Corte afecta severamente el sistema de salud chileno y llama la atención que fije un criterio retroactivo para la aplicación de la tabla de factores que contraviene la jurisprudencia tradicional y obedece a una doctrina de “hacer justicia” independiente de la aplicación de las leyes ¿Por qué no se determinó esta fecha y no el 6 de agosto del 2010 que es cuando el Tribunal Constitucional dictó el fallo sobre la tabla de factores o del 30 de noviembre del 2022 que fue cuando se dictó el actual fallo de la Corte Suprema? La tabla determinada por la Corte en el fallo no menciona ningún criterio de reajustabilidad. Da la impresión que es respuesta a los más de setenta mil recursos presentados en un universo de millones y que aumentan considerablemente el trabajo de la Corte. Aplicar leyes con efecto retroactivo produce una incerteza jurídica y no es la tradición histórica de las resoluciones de nuestra Corte Suprema.

El gasto público en salud se ha duplicado el último decenio enfocado a la oferta y no al paciente y los resultados son dramáticos según informes de la Superintendencia de Salud que menciona millones de pacientes en lista de espera, miles de cirugías postergadas incluido cáncer, miles de garantías Ges incumplidas. Falta una modernización del sector en los criterios de la salubridad pública moderna incorporando la tecnología y enfocada al paciente y a la prevención. Toda política de salubridad pública debe tener como centro al paciente como lo determina el juramento hipocrático de los médicos, olvidado en las últimas décadas. El acceso igualitario y oportuno a los servicios de salud es un derecho humano inalienable y está suscrito por Chile en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Hay un enorme sobre gasto en salud y las improvisaciones, voluntarismos y dogmatismos han olvidado lo esencial: el paciente.

La presentación de la denominada “ley corta” apunta a fortalecer el Fonasa estableciendo el monopolio del Estado y aumentar las atribuciones de la Superintendencia de Salud. No se observan soluciones más acotadas para dar mayor certidumbre al sector salud en forma integral. Es inviable una seguridad social moderna no considere un sistema mixto en salud. La salud afecta lo más íntimo del ser humano que es la vida misma y es hora de buscar una solución razonable y viable, incluida una aclaración de la Corte, que nos permita construir un sistema de salud en los criterios de la salubridad moderna. En Chile hay capacidad profesional para construir un buen sistema de salud entre médicos, enfermeras, matronas, tecnólogos, Ten´s, ingenieros técnicos y biomédicos, economistas enfocado al paciente, a la modernización del Estado incluyendo Fonasa, a la prevención incorporando la tecnología, a una libertad de elección que le permita a todos los pacientes tener un acceso igualitario y oportuno a los servicios de salud subsidiando a los más desposeídos con un plan garantizado fortaleciendo el Ges y un Estatuto de los Trabajadores que incentive la carrera funcionaria y los proteja de agresiones. Los pacientes más pobres no pueden esperar.

Jaime Calderón Riveros

Ingeniero Comercial

Santiago, mayo 12, 2023

Racionalización del gasto en salud

El último decenio el gasto público en salud se ha duplicado y los problemas del sector son dramáticos según informes de la Subsecretaría de Salud con millones de pacientes en lista de espera incluido cáncer, miles de cirugías postergadas, incumplimiento de garantías Ges. La falta de modernización del Estado en salud de acuerdo a los tiempos actuales produce muchas improvisaciones, voluntarismos y dogmatismos que no solucionan los problemas en salud. 

Los organismos de compras públicas son la Central de Abastecimiento hoy orientado a la compra de remedios y actualmente Chile Compra que es el organismo administrativo del Estado que llama a licitación del equipamiento e instrumental médico. Otra instancia de compra son las Concesiones Hospitalarias que se rigen por las directrices determinadas por el Estado. 

Detallo algunos ejemplos para reflexionar sobre el gasto en salud 

- El Hospital Militar de Santiago es una inversión de U$ 130 millones visada por el MOP. El diseño incluye un amplio hall con ascensores panorámicos (le dicen el mall) y con consultas con pasillos cerrados. Un diseño hospitalario indica distintas áreas de circulación. No cumple los requerimientos de diseño hospitalario. 

- Sede Hospital Félix Bules en Providencia, hoy Hospital Metropolitano, fue el resultado de la detención de las Concesiones Hospitalarias iniciada por el ex Presidente Lagos, donde en invierno se produjo un déficit de camas y una solución “parche” fue tomar este hospital ¿Cuál es el costo en el traslado de enfermos desde un hospital de la zona poniente a un hospital ubicado en la zona oriente? 

- El Hospital de Calama fue muy mencionado en la prensa hace unos años donde todo el diseño técnico lo hizo el Estado y había más de setecientas observaciones técnicas (algunas tan absurdas como la conexión trifásica) que finalmente llevaron a la quiebra del privado adjudicado. 

- El Hospital Digital es sin duda uno de los tantos caminos tecnológicos de la salud para llegar a que todos los pacientes tengan acceso oportuno a la salud. Sin embargo para que esta iniciativa tenga un éxito masivo debe estar implementada la ficha única que es insumo esencial de un hospital digital. Estas iniciativas voluntariosas distraen recursos públicos. 

- El Hospital de Punta Arenas: ubicado en la parte alta de la ciudad con vista al Estrecho de Magallanes de difícil acceso a los pacientes muy sobre dimensionado con un grupo electrógeno que puede abastecer parte importante de la ciudad. Los mismo sucede con el Hospital de Antofagasta sobre dimensionado en la parte norte de la ciudad. 

- El Hospital Dipreca de Carabineros se construyo lejos de su sede institucional sin considerar donde viven nuestros Carabineros y el lógico intercambio entre ambas sedes (absurdos tan grandes como que el scanner estaba ubicado en Dipreca y el servicio de neurocirugía en Simón Bolívar). 

- Hace unos años con financiamiento BID se llamó a licitación de diverso equipamiento incluido varios scanner para hospitales públicos. No se consideró el costo de los operadores por lo que estuvieron años en bodegas sin instalar. Esto es bastante habitual en salud. 

- El organismo administrativo encargado de la compras públicas en salud es Chile Compra pero este no tiene las competencias ni atribuciones para determinar las bases técnicas del llamado a licitaciones del equipamiento donde se producen graves falencias, muy cruzado por el financiamiento de congresos médicos donde se producen influencias indebidas. Un simple ejemplo son el llamado por compra de unos simples sillones para consultorios donde piden 10° de inclinación negativa, que corresponde a una mesa quirúrgica ¿si en algo tan simple se determinan mal las bases, que queda para tecnología más compleja? 

Hay un trabajo pendiente de racionalización del gasto público entre la Central de Abastecimientos, Chile Compra, los proveedores de la salud, las sociedades científicas y el Ministerio de Salud cuyo objetivo es racionalizar el gasto en salud, que debería estar liderado por Hacienda. 

Jaime Calderón Riveros 

Santiago, mayo 3, 2023

Ejes de la Salud

El acceso igualitario y oportuno a la salud es un derecho natural que está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que Chile suscribió. “Toda persona tiene derecho, así como su familia a salud y bienestar, incluyendo asistencia médica” que forma parte de las políticas de seguridad social. La discusión de la ley corta es una oportunidad para mejorar las políticas públicas en salud donde proponemos ocho ejes.

Primero: toda política pública debe tener como centro al paciente para que este tenga un acceso igualitario a los servicios de salud sin discriminación alguna de ningún tipo, económico, pre existencia, raza, situación social u otro. Es el paciente y no otro el eje central de una buena política en salud que está establecido en el juramento hipocrático.

Segundo: la modernización del Estado y de Fonasa es sustantivo para una buena política pública en salud. Tener un Ministerio de acuerdo a los tiempos actuales con vicepresidencias ejecutivas, hospitales con directorios, y gerencias que consideren la productividad, tecnología y capten recursos de las instituciones de beneficencia, empresas y otros. Mejorar las compras públicas.

Tercero: la prevención y salud primaria debe ser el foco del gasto en toda política pública. Actuar antes que se produzca la enfermedad nos enseña la milenaria cultura china. La prevención debe estar al primer nivel del Estado integrando en eficiente trabajo de las mutuales de seguridad.

Cuarto: la libertad de elección del paciente de su seguro sea este público o privado que es la esencia de una buena política pública en salud. Si nuestro objetivo es el paciente no debemos limitar su capacidad de elegir libremente, estableciendo un monopolio o captura del Estado. Una moderna salubridad pública debe considerar al paciente.

Quinto: establecer un seguro catastrófico universal que proteja al paciente de los episodios de alto costo. El Estado debe actuar apoyando a los pacientes de menores recursos, y enfermedades denominadas “raras”. No es factible la ruina de familias completas por los costos en salud.

Sexto: la tecnología debe ser incorporada prudentemente en salud, y la ficha universal única es un gran desafío para la ingeniera en salud. Diagnóstico por imágenes, ecotomografía, mamografía, robótica son tecnologías que tienen un trascendente aporte en la prevención y en la cirugía. Se debe incorporar un trabajo conjunto entre las sociedades científicas, el Estado y la industria de la salud.

Séptimo: fortalecer al Ges dándole cobertura a mayor número de enfermedades, y estableciendo mecanismos de financiamiento y control para que esto se cumpla. No es factible que el Estado no cumpla como sucede actualmente, y este derecho quede en el papel.

Octavo: establecer un Estatuto de los Trabajadores de la salud que les dé un status especial, incentive la carrera funcionaria y los proteja de agresiones.

La salud, esencia de la vida, no es un problema de un sector o de otro, y debemos actuar con criterio de Estado para mejorar y resolver esta grave crisis actual. Como decía el filósofo Jorge Millas, sentémonos a conversar como si no sé nada para entender al otro, y así producir verdad. Los pacientes necesitados así lo esperan.

Jaime Calderón Riveros

Ingeniero Comercial

Santiago, abril 25, 2023

Hablemos de salud

Los abogados de la Tercera Sala de la Corte emitieron un fallo que afecta en forma trascendente al sistema de salud fijando un criterio en la aplicación de la tabla de factores con efecto retroactivo ajeno a la jurisprudencia tradicional chilena. Cerca de setenta mil juicios en un universo de millones de usuarios del sistema de salud determinaron y presionaron la resolución de la Corte, inédita en la tradición jurídica chilena. Esta resolución obedece a un criterio filosófico de “hacer justicia” independiente de la jurisprudencia tradicional que en la práctica se traduce en un problema porque ahora se hace necesario interpretar qué es lo que la Corte ordena. Esta situación obedece también a que el Estado por años no ha fijado una política pública de reajustabilidad en salud, no ha modernizado el sector público para hacer frente a los problemas de la salubridad actual, a las nuevas enfermedades, al avance de la tecnología producto entre otros de la excesiva politización del sector que no permite avanzar. Rigió lo que decía Barros Luco “cuando el problema es muy grande, es mejor no hacer nada”.

Este escenario ha llevado a una crisis global del sector salud, profundización de la crisis en el sector público, incertidumbre en la inversión privada, lo que finalmente se traduce en una dramática situación para los pacientes que son los grandes perjudicados.

La salud afecta la esencia del ser humano que es la vida misma por lo que es difícil fijar políticas públicas y es un problema de Estado que debemos resolver entre todos. Cualquier sistema de salud se construye poniendo al paciente en el centro de una política pública.

En Chile hay capacidad profesional para construir un buen sistema de salud con médicos, enfermeras, matronas, Tens, tecnólogos, ingenieros biomédicosy técnicos, economistas, como se hizo en su oportunidad en el diseño de las autopistas, en la modernización del SII y de la ex Onemi entre otros. Las improvisaciones, los dogmatismos, los voluntarismos son el gran enemigo de una buena política de salud. Seguir manteniendo criterios de la vieja escuela de salubridad pública sin considerar la mutación de enfermedades como nos enseñó la pandemia, ni tampoco la tecnología como la robótica, que nos ayuda a lograr mayor precisión en las cirugías, la endoscopía y diagnóstico por imágenes que son herramientas sustantivas en la prevención. Fonasa no tiene la capacidad técnica como para absorber a tres millones de pacientes que harían colapsar el sistema público y privado. Décadas de políticas públicas enfocadas al gasto, que se ha duplicado el último decenio, termina en más de dos millones de pacientes en listas de espera, incluido el cáncer que requieren urgencia en sus tratamientos, más de trescientas mil cirugías postergadas, más de sesenta mil patologías Ges no cumplidas según informes de la Subsecretaría de Salud. Son el reflejo de la grave y dramática crisis sanitaria. El elefante blanco de la salud pública se repite.

El filósofo Jorge Millas nos decía que hay que sentarse a conversar,“como si no se supiera nada” para producir verdad. Con un criterio de Estado debemos construir un sistema pensando en el paciente, centro de toda política pública en salud, quién debe tener la libertad de elegir un seguro público o privado. Un Estado moderno, rector de las políticas públicas como quedó demostrado en la pandemia, debe tener vicepresidencias ejecutivas, hospitales con directorios, y gerencias con criterios de productividad incorporando fundaciones en su financiamiento. Se debe orientar el gasto a la prevención y salud primaria con una fuerte alfabetización pública enfrentando los graves problemas de obesidad infantil, alcoholismo juvenil y salud mental entre otros. Asimismo se debe incorporar la tecnología como la ficha única universal, diagnóstico por imágenes y endoscopía entre otros. Es sustantivo profundizar el plan Ges y un seguro catastrófico universal en una política de salubridad pública moderna. El estatuto de los trabajadores de la salud que los proteja de las agresiones y de estabilidad laboral es otro eje de una política pública en salud. Hagamos un esfuerzo histórico entre todos para construir un sistema que otorgue acceso igualitario y oportuno a la salud y sea un orgullo para Chile.

Jaime Calderón Riveros

Ingeniero Comercial

Santiago, abril 21,2023

Hablemos de salud

La Tercera Sala de la Corte emitió un fallo que afecta en forma trascendente al sistema de salud chileno fijando un criterio de aplicación de la tabla de factores con efecto retroactivo. Este fallo es el resultado de una judicialización del reajuste del sistema de salud donde el Estado por muchos años no estableció una política pública del sector. Más de setenta mil juicios sobre un universo de tres millones de cotizantes del sistema de Isapre determinaron el pronunciamiento de la Corte. El Estado por muchos años no fijó una política pública adecuada de reajustabilidad producto de la excesiva politización del sector, y lo complicado que es negociar con el poderoso gremio de la salud. Rigió lo que decía Barros Luco “cuando el problema es muy grande es mejor no hacer nada”.

La Corte se vio presionada por esa cantidad de juicios, pero debemos preguntarnos si es adecuado que la Corte en la práctica determine una política pública en salud. ¿Es correcta la interpretación con efecto retroactivo de un fallo? ¿Por qué el Estado no consulta al Tribunal Constitucional si el fallo está ajustado a derecho? Hay una eventual paralización del sector que produce incertidumbre, y buscar soluciones “parche” como es el Fonde E de Fonasa sin enfrentar la esencia del problema, en mi opinión no es lo adecuado. La salud afecta la esencia del ser humano que es la vida misma por lo que es difícil fijar políticas públicas, y es un problema de Estado que debemos resolver entre todos.

En Chile hay capacidad profesional para diseñar un buen sistema de salud entre médicos, enfermeras, matronas, Tens, tecnólogos, ingenieros bio médicos, ingenieros y economistas como se hizo con el diseño de las autopistas, la modernización del SII, la nueva Onemi entre otros. Un sistema mixto como es la tendencia mundial en salud con un criterio de Estado parece ser lo más adecuado. Tres ejes centrales debe tener una política pública en salud: el paciente, que es el gran olvidado por la excesiva politización del sector con muchos dogmatismos, la modernización del Estado incluyendo la tecnología, con un Ministerio rector del sector con Vicepresidencias Ejecutivas y hospitales con Directorios y Gerencias con criterios de gestión y productividad, y la prevención, que debe ser el eje central de una política pública en salud.

Según informes de la Superintendencia de Salud hay millones de pacientes en listas de espera incluyendo más de ocho mil pacientes con cáncer que no se están atendiendo oportunamente lo que es un grave atentado a sus derechos humanos, más de sesenta mil patologías Ges no cumplidas, trescientas mil cirugías postergadas claman por una solución oportuna donde el Estado debe concurrir a dar soluciones y certidumbre al sector.

Jaime Calderón Riveros

Ingeniero Comercial

Santiago, marzo 10, 2023

Crisis Sanitaria: Plan quinquenal en salud

La situación del acceso igualitario y oportuno a la salud en Chile es dramática cómo lo demuestran informes de la Subsecretaría de Redes Asistenciales a pesar que el gasto real para el sector se ha duplicado en el último decenio. Millones de pacientes en listas de espera incluido cáncer, miles de cirugías postergadas, patologías Ges no cumplidas son el reflejo de una situación postpandemia difícil y décadas de políticas públicas orientadas al gasto y no al paciente, a la prevención y a la modernización del Estado.

El filósofo Jorge Millas decía que hay que sentarse a conversar cómo si no se nada y así producir verdad. Los problemas de la salud trascienden las legítimas posiciones políticas y es tarea de todos buscar soluciones. Innumerables comisiones e informes de expertos no avanzan en la solución de los problemas reales de la salud. La excesiva politización e intereses del gremio de la salud, los dogmatismos y voluntarismos se traducen en no poder avanzar en este campo. Los pacientes también tienen derechos humanos.

Un sistema de salud se construye poniendo al paciente en el centro de una política pública en salud con un criterio de Estado. El paciente y no otro es el eje de una política pública en salud pudiendo elegir libremente el prestador sea este un seguro público o privado. El gasto debe estar orientado a la prevención y salud primaria desde el Estado debe actualizar su política pública fomentando los planes preventivos y un ejemplo son las Mutuales de Seguridad. Los problemas de obesidad infantil, alcoholismo juvenil, salud mental son graves en Chile. Debemos superar los criterios de la vieja salubridad pública donde hoy existe una trascendente inversión privada que ha mejorado notablemente la salud en Chile y la tecnología que va a cambiar los paradigmas en tratar las enfermedades. Un Estado moderno con Vicepresidencias Ejecutivas, Hospitales con Directorios y Gerencias con criterios de productividad, la maximización de recursos mediante las Concesiones hospitalarias moderniza la salud pública posibilitan la obtención de recursos mediante Fundaciones, empresas y otros.

En Chile hay capacidad profesional para diseñar una buena política de salud mirando las enfermedades del futuro, la situación demográfica, los avances de la tecnología (diagnóstico por imágenes, robótica, endoscopía entre otros) y entre médicos, enfermeras, matronas, tecnólogos médicos, Tens, ingenieros técnicos e ingenieros biomédicos, economistas tenemos capacidad de diseñar y construir un buen sistema de salud con un criterio de Estado y poniendo al paciente al centro. ¿Es el Fondo Único un buen sistema de asignación de recursos? ¿Está Fonasa capacitado para incorporar más de tres millones de pacientes privados?

Construyamos entre todos un plan quinquenal en salud que trascienda el Gobierno de turno, con un criterio solidario de acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Naciones Unidas que Chile suscribió “Toda persona tiene derecho, así como a su familia, salud y bienestar, incluyendo asistencia médica” y forma parte de las políticas de Seguridad Social. Los pobres no pueden esperar.

 

Jaime Calderón Riveros

Ingeniero Comercial

 

Santiago, febrero 2, 2023