Jaime Calderón Riveros
Ingeniero Comercial (Fen Universidad de Chile)
El Gobierno ha anunciado nuevas comisiones para enfrentar los problemas de salud. Convocar expertos siempre puede aportar miradas valiosas, pero la realidad obliga a formular una pregunta incómoda: ¿Chile necesita más diagnósticos o más decisiones?
La célebre frase atribuida al expresidente Ramón Barros Luco mantiene plena vigencia: cuando un problema es demasiado grande, se nombra una comisión. Puede parecer una caricatura, pero encierra una verdad difícil de ignorar Existen informes, propuestas y diagnósticos más que suficientes. Basta recordar el Informe Caldera, impulsado por el exministro Carlos Massad, entre muchos otros esfuerzos. Lo que falta no es conocimiento; es liderazgo político para impulsar transformaciones estructurales que permitan entregar mejores respuestas a los pacientes.
Afortunadamente, parece consolidarse un consenso básico: el centro de toda política pública en salud debe ser el paciente. Lo relevante no es si la solución proviene del sector público o privado, sino si las personas reciben atención oportuna, de calidad y con dignidad. Un buen ejemplo es la alerta sanitaria del cáncer. La discusión no puede seguir atrapada en quién presta el servicio, sino en quién resuelve efectivamente el problema de salud del ciudadano.
El primer desafío es modernizar el Estado. La estructura orgánica del Ministerio de Salud fue concebida para una realidad muy distinta. Hoy Chile enfrenta los desafíos propios de una población que envejece aceleradamente, estimándose según el INE que para el 2050 1 de 4 chilenos tendrá sobre 65 años, con una creciente prevalencia de enfermedades crónicas, problemas de salud mental y una demanda cada vez mayor por atención especializada.
Por ello, resulta indispensable que Salud y Hacienda lideren conjuntamente una profunda reforma de la institucionalidad sanitaria. El Ministerio debe concentrarse en la definición estratégica y la conducción de las políticas públicas, apoyado por equipos multidisciplinarios que integren no solo médicos, sino también enfermeras, tecnólogos médicos, matronas, ingenieros, arquitectos, administradores y economistas. La salud moderna exige una mirada integral. Un Fonasa como seguro público orientado al paciente para que tenga acceso igualitario y oportuno a los servicios de salud.
Los hospitales públicos también requieren una nueva gobernanza. Gobiernos corporativos, gerencias profesionales, metas de productividad y mecanismos efectivos de rendición de cuentas como en los centros sanitarios más avanzados. La gestión importa, y mucho. Sin una administración moderna será imposible responder a las crecientes necesidades de la población. Resulta legítimo preguntarse por qué los hospitales públicos aún carecen de estructuras gerenciales comparables a las de organizaciones de similar complejidad. A ello se suma el persistente problema de las compras públicas y los conflictos de interés, que generan importantes ineficiencias y sobrecostos para el sistema.
La transformación digital debe convertirse en una prioridad nacional. Una ficha clínica electrónica interoperable permitiría integrar la atención pública y privada, evitar duplicidades, mejorar la continuidad de los tratamientos y optimizar el uso de los recursos. Del mismo modo, es urgente implementar plataformas tecnológicas robustas e independientes para la gestión y fiscalización de las licencias médicas.
Sin embargo, la reforma más importante debe producirse fuera de los hospitales. Los principales problemas sanitarios no nacen en los consultorios, las urgencias o los pabellones quirúrgicos. Se originan en el entorno de las personas, en sus hábitos, condiciones de vida y oportunidades de prevención.
Chile necesita construir un verdadero sistema nacional de salud preventiva, una de las principales debilidades que dejó en evidencia la pandemia. Ello implica fortalecer la medicina familiar, desarrollar programas eficaces contra la obesidad infantil, ampliar la cobertura de salud mental, reforzar la atención odontológica y promover la educación sanitaria desde la infancia.
La evidencia es contundente: cada peso invertido en prevención genera beneficios sanitarios y económicos muy superiores a los obtenidos cuando la enfermedad ya está instalada. La antigua sabiduría china lo resumía con claridad: el mejor médico es aquel que evita que sus pacientes enfermen. Bajo esta lógica, resulta indispensable coordinar centros de salud familiar, municipios, mutualidades y prestadores públicos y privados en una estrategia común que amplíe el acceso a exámenes preventivos, mamografías, colonoscopías y diagnósticos por imágenes. La detección precoz salva vidas y reduce costos para todo el sistema.
La salud chilena continúa atrapada en estructuras administrativas propias del siglo pasado. Mientras tanto, la tecnología, la gestión moderna y la economía de la salud ofrecen herramientas capaces de mejorar significativamente la atención de millones de personas. El problema es que muchos de estos cambios encuentran resistencia en un establishment que suele sentirse más cómodo administrando las deficiencias que impulsando transformaciones profundas.
Chile no necesita otra comisión para descubrir lo que ya sabe. Necesita decisión política para hacer las reformas que durante años se han postergado. Porque detrás de cada lista de espera, de cada consulta retrasada y de cada tratamiento pendiente, hay una persona que no puede seguir esperando.
La verdadera pregunta no es qué debemos hacer. Eso ya lo sabemos. El desafío es cuándo tendremos el coraje de modernizar, de una vez por todas, el sistema de salud que los chilenos merecen.
Santiago, junio de 2026
