Hoy vivimos una crisis terminal del actual modelo de previsión social en salud. No es responsabilidad de la actual administración sino de décadas de inacción del poder ejecutivo y de un discurso político que no ha considerado al paciente al centro de una política pública en salud. Es políticamente muy rentable dispararle al sistema privado en salud y un buen ejemplo es un diputado que emitía opiniones cuando todavía no se entregaba el informe de expertos. Hay una irresponsabilidad política. Opiniones simples a problemas complejos, signo de nuestros tiempos.
¿Por qué el ejecutivo demoro casi una década en fijar una tabla única de factores después de la Sentencia del Tribunal Constitucional de agosto del 2010? Varios ministros de la Corte habían advertido reiteradamente que no tener un índice de reajustabilidad en salud era motivo de conflicto que el legislador debería resolver ¿Se ajusta a derecho el fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema que interpreta leyes fijando criterios con efecto retroactivo, lo que contradice una sana interpretación de las leyes? El Observatorio Judicial hizo ver que la Resolución de la Corte afecta solo a los incumbentes como lo determina el artículo 3 del Código Civil, “las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino de las causas judiciales que actualmente se pronunciaren o de lo contrario es un grave atentado a la democracia por la independencia de los Poderes del Estado”. Entonces cabe preguntarnos, ¿porque el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo no hizo ver a la Corte que la Resolución de la Tercera Sala intervenía en políticas públicas? ¿Porque no se preguntó a la Corte cuantos y cuáles eran los incumbentes? Curioso que después de una entrevista en La Tercera en que reiteraba este concepto jurídico, la ministro Angela Vivanco fuera suspendida como vocera y no asistiera a la resolución cuando fue presentado el recurso aclaratorio por la Superintendencia de Salud. Es obvio que la Resolución de la Tercera Sala de la Corte Suprema no se debió a un criterio de administrar justicia sino a solucionar el grave problema administrativo de atochamiento por los 2,2 millones de causas presentadas en las Cortes de Apelaciones entre el 2013 y 2022. Esto es consecuencia de la falta de voluntad política y liderazgo en enfrentar el problema de modernizar el sistema salud por la conflictividad que esto significaba y presión de los gremios de la salud. Modernizar el sector público era inviable políticamente como lo demuestra el informe Caldera del exministro Carlos Massad que fue guardado en un cajón o la detención del programa de modernización del sector salud mediante concesiones hospitalarias iniciada por el expresidente Ricardo Lagos.
Falto liderazgo y visión de Estado en resolver el problema de la salud teniendo como eje al paciente, objeto de toda política pública en salud, olvidado por décadas. Los dogmatismos extremos no han permitido avanzar en salud y es indignante para un país que se dice camino al desarrollo con buenos índices macroeconómicos tenga más de quince mil pacientes con cáncer y más de sesenta mil garantías Ges no atendidas, más de trescientas mil cirugías dilatadas y más de dos millones de atenciones de especialistas no atendidas lo que es un grave atentado a los derechos humanos de los pacientes. Esto sucede a pesar de una fuerte inversión pública donde el gasto ha crecido un 9% anual entre 1990 y 2012 que en términos del PIB se ha duplicado pasando del 1,6% al 3,5% según informes de la Dipres. En mi opinión, es totalmente precipitada la actuación de la Superintendencia de Salud de mencionar un cálculo de U$ 1,5 millones que no considera la interpretación jurídica y entregarla como cifra oficial lo que no sorprende porque junto a director de Fonasa están por eliminar el sistema privado en salud. Posteriormente una comisión de expertos determinó una cifra de U$ 500 millones y el Gobierno entrega una cifra de U$ 1,0 millones que más parece una negociación política que técnica.
En mi opinión, los ejes a una solución del problema de salud que tenga al centro al paciente con el objeto de que este tenga un acceso oportuno e igualitario a la salud debe considerar. Primero, fijar que el centro de toda política pública en salud debe ser el paciente (la milenaria cultura china, muy pragmática, nos dice que no importa el color del gato, sino que coma ratones). Segundo un Estado directriz de las políticas públicas en salud con un ministerio moderno con vicepresidencias ejecutivas y hospitales con directorios y gerencias en base a productividad captando recursos de la empresa y beneficencia y concesionando los edificios, aseo, lavandería para tener mejor uso de recursos. Tercero, definir que el sistema de salud chileno es un sistema mixto con participación pública y privada fijando reglas claras y políticas de reajustabilidad en salud que considere el incremento del costo por la tecnología entre otros.Cuarto, orientar el gasto a la prevención y salud primaria para resolver el grave problema de la obesidad, alcoholismo, drogadicción, salud mental, salud odontológica usando la tecnología como diagnóstico por imágenes, mamografía, ecotomografía, colonoscopía, exámenes de laboratorio entre otros, estableciendo una fuerte capacitación médica. El Servicio Militar Social, como en Suiza e Israel, es una herramienta del Estado a considerar para enfrentar el grave problema de la drogadicción y delincuencia juvenil. Quinto, un seguro universal solidario y obligatorio que proteja al paciente de enfermedades de alto costo. Sexto, establecer incentivos a los trabajadores de la salud en base a productividad que mejore sus condiciones laborales y los proteja de agresiones.
Se necesitan liderazgos fuertes en salud y fijar políticas públicas de mediano y largo plazo que efectivamente otorguen un acceso igualitario y oportuno a la salud de los pacientes con un criterio de Estado.
Jaime Calderón Riveros
Ingeniero Comercial
Santiago, diciembre 6, 2023
