Salud privada y nuevo orden social

La crisis de la salud afecta a millones de chilenos y, en cierto modo, al alma misma de Chile. Resulta inconcebible que, tras el avance económico y social que el país ha alcanzado en las últimas décadas, enfrentemos hoy listas de espera que afecten a casi 3 millones de personas. Estas cifras incluso deben ser precisadas, puesto que no existe plena certeza sobre su magnitud, y haya cerca de quince mil pacientes de cáncer con tratamientos atrasados. Es hora de cambiar y enfrentar este problema estructural con decisión y voluntad política en forma multifactorial pues ya se arrastra por décadas.

Uno de los nudos críticos ha sido la falta de reformas oportunas. Si bien es el sistema público el que enfrenta los mayores problemas, los cambios legislativos se han centrado en el aseguramiento privado y de mala forma. Desde comienzos de los años 2000 los problemas de reajustabilidad del sistema privado de salud fueron advertidos por diversos ministros de la Corte Suprema, sin embargo, se corrigió tarde. Ello derivó en millones de recursos judiciales y en la resolución del Tribunal Constitucional del año 2010, que abrió paso a una profunda judicialización del sistema. Entre 2013 y 2022 ingresaron cerca de dos millones de causas a la Corte, según datos del Ministerio de Justicia.

Posteriormente, la Tercera Sala de la Corte Suprema ordenó aplicar la tabla de factores con efecto retroactivo y con alcance universal, erga omnes, lo que tensionó la estabilidad financiera del sistema privado y principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico, como ha sostenido el Observatorio Judicial al señalar que las resoluciones judiciales afectan únicamente a las partes involucradas. Esta decisión dio origen a la deuda de las aseguradoras privadas y generó un escenario de alta incertidumbre regulatoria. Como corolario a estas malas decisiones, Chile enfrenta una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), con potenciales costos relevantes para el Estado.

Conviene recordar que el sistema chileno es mixto, con participación pública y privada, y que ambos sectores pueden coordinarse eficazmente, como quedó demostrado durante la pandemia. El sistema público ha formado generaciones de profesionales de excelencia y ha sido la cuna de grandes hospitales y maestros de la medicina chilena. Sus funcionaros trabajan con enorme abnegación pese a limitaciones burocráticas, brechas tecnológicas y crecientes riesgos de seguridad.

Por su parte, el sistema privado de salud fue creado mediante el DFL No.3 de 1981 del Ministerio de Salud y posteriormente refundido en el DFL No.1 de 2005, que rige actualmente. Atiende hoy a cerca de 2,5 millones de afiliados, de los cuales aproximadamente 900 mil son cargas, habiéndose alcanzado 3,3 millones en 2020. Este sector ha realizado una importante inversión en infraestructura hospitalaria de alto nivel. En paralelo, el sistema público, a través de Fonasa, cubre actualmente a cerca de 17 millones de personas, cifra superior a los 15 millones registrados en 2020.

La pregunta de fondo es cómo avanzar hacia un sistema mixto centrado en el paciente, que garantice acceso oportuno e igualitario a las prestaciones en salud. ¿Es el camino elegir un sistema monopólico estatal, donde Fonasa concentre la gestión de distintos seguros? ¿Qué ocurre entonces con la libertad de elección? ¿Cuál es el modelo más eficiente en la asignación de recursos escasos?

En nuestra opinión, el sistema estatal debe modernizarse mediante la incorporación de diferentes modelos de colaboración público privado. El actual sistema de gestión estatal está colapsado a pesar de los millonarios incrementos presupuestarios que ha gozado. Para solucionarlo, las concesiones de gestión hospitalaria son una herramienta moderna que permiten aumentar la inversión y mejorar la gestión de los recursos sin privatizar los hospitales públicos. Asimismo, los subsidios ajustados por riesgo e ingreso, y un sistema mixto de seguros individuales y colectivos, que permita a las personas elegir libremente donde atenderse, tiende a generar una asignación más eficiente de los recursos. Dichos seguros debieran operar sin carencias ni discriminaciones arbitrarias, incorporando un sólido mecanismo de compensación de riesgos. Con la concurrencia del Estado al financiamiento directo, se puede estructurar un gran seguro universal que garantice acceso real e igualitario, poniendo al paciente, y no a la burocracia, en el centro de la política pública.

Al mismo tiempo, es necesario legitimar y regular adecuadamente al sistema privado, estableciendo reglas claras sobre coberturas, resultados clínicos y estándares de solvencia.

Chile merece un mejor sistema de salud. Y para lograrlo, se necesita liderazgo y voluntad política, diálogo y una visión que supere trincheras ideológicas. La salud no admite más postergaciones.

Jaime Calderón Riveros                                                  Rafael Caviedes Dupá

Ingeniero Comercial Fen U de Chile                              MBA U de Navarra

Columna publicada en El Libero el Domingo 1 de marzo del 2026
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Salud y déficit fiscal: la hora de las decisiones

El déficit fiscal alcanzó un 3,6% del PIB —unos 13.200 millones de dólares—, cifra superior a lo proyectado. No es solo un dato contable: es una señal de alerta para el próximo gobierno. Y entre los sectores más tensionados por esta realidad está la salud.

El gasto sanitario se ha duplicado en la última década y según informes de la Dirección de Presupuestos se sitúa en el 6% de PIB y representa el 20% del gasto público para el 2025. Las listas de espera se acumulan, el cáncer aumenta, las enfermedades crónicas se multiplican y el envejecimiento poblacional presiona cada vez más al sistema. No estamos frente a una crisis coyuntural, sino estructural.

Tres causas profundas

Primero, una visión anclada en el pasado. Se sigue pensando la salud pública desde el modelo hospitalario de mediados del siglo XX, con una lógica del monopolio estatal y altamente burocrática. La tecnología, la gestión moderna y los incentivos adecuados no han sido incorporados plenamente. El resultado es previsible: baja eficiencia, escasa innovación y pacientes atrapados en un sistema rígido.

Segundo, el factor jurídico. La judicialización masiva del sistema privado —tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 y la posterior resolución de la Corte Suprema que ordenó aplicar retroactivamente la nueva tabla de factores — generó una distorsión institucional sin precedentes. Más de dos millones de recursos de protección en menos de una década colapsaron las Cortes. La aplicación retroactiva, en términos generales, creó una deuda privada de gran magnitud y abrió un conflicto que hoy incluso tiene aristas internacionales. Faltó conducción política para corregir a tiempo una anomalía que terminó afectando la estabilidad del sistema completo.

Tercero, la ideologización del debate. Se ha instalado la premisa de que el Estado, por definición, sería más eficiente que cualquier esquema mixto. La apuesta por concentrar el sistema en torno a Fonasa como eje monopólico busca igualdad en el acceso, pero corre el riesgo de sacrificar eficiencia, competencia y libertad de elección. La experiencia comparada muestra que los sistemas exitosos no son puramente estatales ni puramente privados: son mixtos, regulados y colaborativos.

Una oportunidad histórica

Durante la pandemia, Chile demostró que la coordinación público-privada funciona. Camas críticas integradas, compra centralizada de insumos, colaboración logística. Esa experiencia debiera ser el punto de partida de una reforma moderna.

El desafío no es ideológico, es técnico y financiero.

Se necesita liderazgo con visión de Estado. Como el que impulsaron en su momento figuras como Ricardo Lagos, Edgardo Boeninger y hoy Eduardo Frei Ruiz-Tagle, capaces de articular acuerdos amplios y “pensar en grande”. Modernizar la salud exige convocar a un comité multidisciplinario permanente: médicos, enfermeras, ingenieros, economistas, arquitectos hospitalarios y expertos en gestión pública. La salud no es solo medicina; es también organización, logística y administración.

La estructura institucional debe fortalecerse. Hospitales con gerencias profesionales y directorios corporativos; evaluación de desempeño; incentivos a la eficiencia; apertura a inversión privada y filantropía en infraestructura y equipamiento. La gestión importa tanto como el presupuesto.

La digitalización es impostergable. Historia clínica electrónica interoperable a nivel nacional, trazabilidad de licencias médicas, control sanitario preventivo basado en datos. Sin información integrada, el sistema seguirá operando a ciegas.

Igualmente es urgente es reformar las compras públicas. La adquisición de medicamentos y equipamiento requiere procesos más ágiles, transparentes y competitivos. Cada peso mal gastado en salud es un peso que falta para un tratamiento oncológico o una cirugía pendiente.

Pero nada de esto será suficiente si no cambiamos el foco: la prevención debe convertirse en la prioridad estratégica. Mamografías, colonoscopías, exámenes preventivos, educación nutricional, combate a la obesidad infantil y atención temprana en salud mental. La atención primaria debe articularse con la red hospitalaria y con el sector privado bajo una lógica de continuidad de cuidados.

El envejecimiento poblacional ya no es una proyección futura: es una realidad presente. Si no invertimos hoy en prevención y gestión inteligente, el gasto seguirá creciendo de manera inercial, tensionando aún más las cuentas fiscales.

Libertad, equidad y sostenibilidad

El objetivo de cualquier sistema sanitario debe ser el bienestar del paciente. Ello supone garantizar acceso oportuno y calidad, pero también respetar la libertad de elegir entre seguro público o privado. El financiamiento estatal debe ser equitativo, no uniformador; debe emparejar la cancha, no restringir opciones.

Confundir salud con monopolio estatal es un error conceptual. La salud es prevención, bienestar y gestión eficiente de recursos escasos. Requiere ingeniería institucional y responsabilidad fiscal.

Chile enfrenta un déficit relevante, pero también una oportunidad. Si se aborda la reforma sanitaria con visión técnica, acuerdos políticos amplios y foco en las personas, el país puede transformar una crisis en punto de inflexión.

Postergar las decisiones solo hará que el problema crezca. La hora de modernizar el sistema de salud es ahora.

Jaime Calderón Riveros

Ingeniero Comercial (Fen U de Chile)

Santiago, 18 de febrero de 2026

Salud: avanzar o seguir en lo mismo

El nuevo Gobierno heredará en salud una de las mayores crisis de políticas públicas de las últimas décadas. Como todo problema complejo, esta crisis es consecuencia de múltiples factores, entre ellos una visión errada de la sanidad pública, que ha puesto el foco en el Estado y no en el paciente, anclada en una nostalgia por los grandes centros hospitalarios de los años 50, sin avanzar al ritmo del desarrollo tecnológico, administrativo y económico moderno.

A ello se suma el exceso de ideologización del actual Gobierno, cuyo objetivo fue avanzar hacia un monopolio estatal de la salud, relegando al sector privado al rol de seguros “de segundo piso”. La inconstitucional sentencia de la Tercera Sala de la Corte Suprema de 2022, junto con la falta de visión de Estado y liderazgo político, terminaron por agravar el problema.

Al asumir las nuevas autoridades de salud, cabe preguntarse: ¿vamos a enfrentar los problemas del sistema sanitario con un criterio estratégico y una visión multidisciplinaria, o vamos a seguir en lo mismo? Hoy tenemos millones de pacientes en listas de espera, miles de personas con patologías oncológicas no atendidas oportunamente, un Estado fallido cuya estructura orgánica no ha evolucionado con el desarrollo de Chile y graves deficiencias sanitarias.

Conviene recordar que hace algunas décadas Chile enfrentó una grave crisis de desnutrición infantil, la que fue abordada de manera integral gracias al liderazgo del Dr. Fernando Monckeberg Barros, en el marco de una auténtica visión de Estado. Esa experiencia demuestra que los problemas sanitarios complejos pueden resolverse cuando existe diagnóstico, liderazgo y voluntad política.

Cuando un enfermo está grave —como hoy lo está el sistema sanitario chileno— lo primero es realizar un diagnóstico certero y luego avanzar en soluciones graduales y sostenidas en el tiempo.

Un primer eje de acción es la modernización del propio Estado, con una visión estratégica y multidisciplinaria. No debemos confundir salud, entendida como ausencia de enfermedad, con medicina, que es el acto de sanar. Se requiere un ministro con una mirada macro, asesorado por un consejo multidisciplinario, una estructura orgánica moderna con vicepresidencias ejecutivas, hospitales con gerencias profesionales y directorios corporativos que integren a sus trabajadores, incorporen la variable productividad y permitan captar inversión privada mediante concesiones, inversión directa o beneficencia.

La digitalización de la ficha clínica interoperable, la incorporación efectiva de tecnología, un sistema electrónico de licencias médicas independiente y una reforma profunda al sistema de compras públicas —fuente relevante de ahorro fiscal— son desafíos urgentes. Asimismo, la formación de profesionales de la salud debe transformarse en una verdadera política de Estado, gestionada en conjunto con las Facultades de Medicina.

El gran legado del próximo Gobierno en salud debería ser una política social de educación y prevención sanitaria. Chile enfrenta graves problemas de obesidad infantil, que afecta al 42% de la población, además de alcoholismo, drogadicción juvenil, salud mental deficitaria y una precaria salud bucal. A ello se suman los desafíos del envejecimiento poblacional: para el año 2050, se estima que un 32% de los chilenos tendrá más de 60 años.

Programas orientados a la actividad deportiva, salud mental, educación nutricional, fortalecimiento de la medicina familiar y preparación para el envejecimiento deben ser pilares de un sistema sanitario moderno y un aporte real a la seguridad social. Cabe incluso preguntarse si un servicio social remunerado, como el existente en Israel, podría convertirse en una herramienta de educación sanitaria a gran escala.

El objetivo central de todo sistema de salud debe ser el paciente, garantizando acceso oportuno e igualitario a las prestaciones. Durante décadas, las políticas públicas han estado enfocadas en que sea el Estado quien monopolice la solución de los problemas de salud. Lo esencial es que el paciente pueda elegir libremente su seguro, público o privado, mejorando así la asignación de recursos.

El Estado debe concentrarse en financiar seguros orientados directamente al paciente. Mutualidades, cajas de previsión y seguros colectivos pueden contribuir de manera significativa a igualar el acceso a los servicios de salud. Un seguro universal catastrófico obligatorio es indispensable para enfrentar enfermedades de alto costo y fortalecer la protección social.

Soy escéptico respecto de que se produzca un cambio profundo, pues la salud —al igual que la justicia— es un sector donde confluyen múltiples intereses y poderosos gremios que suelen oponerse a los procesos de modernización. Basta observar lo que ocurre hoy en el sistema judicial.

Con todo, cabe esperar que las nuevas autoridades, con la ayuda de Dios, enfrenten la grave situación de la salud con un auténtico criterio de Estado, tal como lo hicieron en su tiempo figuras como Dr. Monckeberg, Lagos, Massad y Boeninger. Hoy, el expresidente Frei Ruiz-Tagle podría asumir un rol trascendente en la orientación de la salud hacia un verdadero programa social, con la participación de la primera dama y el respaldo de un equipo sólido, donde confluyan médicos de reconocida trayectoria —como los doctores Mañalich y Vio del Río— junto a liderazgos políticos como Pablo Longueira. Solo a través de una articulación amplia, técnica y generosa será posible avanzar de manera sustantiva en salud. Ojalá el Presidente Electo sepa escuchar este llamado.

Jaime Calderón Riveros

Ingeniero Comercial

Santiago, 28 de enero de 2026


Columna publicada en El Libero el Domingo 1 de febrero del 2026
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Salud: una oportunidad y un gran desafío para el próximo Gobierno

Jaime Calderón Riveros

Ingeniero Comercial (Fen U de Chile)

Hace algunas décadas Chile enfrentaba una crisis sanitaria dramática: la desnutrición infantil afectaba a gran parte de los niños y la esperanza de vida apenas superaba los 39 años. En ese contexto emergió la figura del doctor Fernando Monckeberg Barros, quien abordó el problema con una visión integral, basada en la prevención, la atención primaria y políticas públicas de largo plazo. Su legado demuestra que incluso los desafíos más complejos pueden resolverse cuando existe una mirada de Estado.

Hoy, el próximo Gobierno enfrenta uno de los mayores fracasos de las políticas públicas en salud. El exceso de ideologización, la permanencia en modelos superados y la incapacidad de incorporar avances en gestión, tecnología y economía moderna han debilitado gravemente al sistema. Volver a la experiencia de Monckeberg no es nostalgia, sino una guía para avanzar.

El primer paso es modernizar el propio Estado. La pandemia demostró que la colaboración entre el sector público y privado puede ser eficaz cuando existe liderazgo desde el Ministerio de Salud. Sin embargo, la estructura actual está obsoleta. Se requiere un ministerio con visión estratégica, consejo consultivo multidisciplinario, vicepresidencias ejecutivas por áreas, hospitales con directorios y gerencias profesionales, y avanzar decididamente en concesionar la red hospitalaria, como ocurre en numerosos países, permitiendo eficiencia y ahorro de recursos públicos.

Es igualmente urgente desarrollar una ficha clínica universal que integre toda la red pública y privada, modernizar el sistema de compras públicas —hoy con graves falencias—, contar con un sistema independiente de licencias médicas y abordar, junto a las Facultades de Medicina, la formación y capacitación de los profesionales de la salud. Sin una gestión moderna, cualquier reforma será insuficiente.

Un segundo eje esencial es orientar el sistema hacia el paciente y no hacia la burocracia. Permitir que las personas elijan libremente a su prestador es la base de una reforma real y mejora de forma natural la asignación de recursos. Avanzar hacia seguros sin preexistencias, con movilidad entre sistemas y reglas claras, es clave para legitimar el modelo y atraer inversión privada. Los subsidios, por su parte, deben seguir a las personas y no a las instituciones, garantizando acceso oportuno y equitativo.

El envejecimiento de la población —que llevará a que en 2050 un 32% de los chilenos tenga más de 60 años— obliga a transparentar coberturas, fortalecer seguros complementarios y explorar mecanismos como seguros colectivos administrados por cajas de previsión.

Finalmente, Chile necesita un gran plan nacional de educación y prevención sanitaria. Un “Sistema Nacional Educativo y de Prevención” permitiría enfrentar problemas críticos como la obesidad, que afecta al 42% de la población, junto al alcoholismo, la drogadicción, la salud mental y la salud bucal. El uso intensivo de tecnologías diagnósticas, la reactivación de programas deportivos y preventivos y el fortalecimiento de la atención primaria son elementos clave. Incluso cabe preguntarse si mecanismos innovadores, como un servicio militar social remunerado, cómo en Israel, podrían contribuir a este esfuerzo.

Chile ha logrado avances notables en múltiples áreas de su desarrollo. Es hora de que el sistema de salud esté a la altura de ese progreso y se transforme en una verdadera política de Estado, centrada en las personas, moderna en su gestión y sostenible en el tiempo.

Santiago, enero 5, 2026