La crisis de la salud afecta a millones de chilenos y, en cierto modo, al alma misma de Chile. Resulta inconcebible que, tras el avance económico y social que el país ha alcanzado en las últimas décadas, enfrentemos hoy listas de espera que afecten a casi 3 millones de personas. Estas cifras incluso deben ser precisadas, puesto que no existe plena certeza sobre su magnitud, y haya cerca de quince mil pacientes de cáncer con tratamientos atrasados. Es hora de cambiar y enfrentar este problema estructural con decisión y voluntad política en forma multifactorial pues ya se arrastra por décadas.
Uno de los nudos críticos ha sido la falta de reformas oportunas. Si bien es el sistema público el que enfrenta los mayores problemas, los cambios legislativos se han centrado en el aseguramiento privado y de mala forma. Desde comienzos de los años 2000 los problemas de reajustabilidad del sistema privado de salud fueron advertidos por diversos ministros de la Corte Suprema, sin embargo, se corrigió tarde. Ello derivó en millones de recursos judiciales y en la resolución del Tribunal Constitucional del año 2010, que abrió paso a una profunda judicialización del sistema. Entre 2013 y 2022 ingresaron cerca de dos millones de causas a la Corte, según datos del Ministerio de Justicia.
Posteriormente, la Tercera Sala de la Corte Suprema ordenó aplicar la tabla de factores con efecto retroactivo y con alcance universal, erga omnes, lo que tensionó la estabilidad financiera del sistema privado y principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico, como ha sostenido el Observatorio Judicial al señalar que las resoluciones judiciales afectan únicamente a las partes involucradas. Esta decisión dio origen a la deuda de las aseguradoras privadas y generó un escenario de alta incertidumbre regulatoria. Como corolario a estas malas decisiones, Chile enfrenta una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), con potenciales costos relevantes para el Estado.
Conviene recordar que el sistema chileno es mixto, con participación pública y privada, y que ambos sectores pueden coordinarse eficazmente, como quedó demostrado durante la pandemia. El sistema público ha formado generaciones de profesionales de excelencia y ha sido la cuna de grandes hospitales y maestros de la medicina chilena. Sus funcionaros trabajan con enorme abnegación pese a limitaciones burocráticas, brechas tecnológicas y crecientes riesgos de seguridad.
Por su parte, el sistema privado de salud fue creado mediante el DFL No.3 de 1981 del Ministerio de Salud y posteriormente refundido en el DFL No.1 de 2005, que rige actualmente. Atiende hoy a cerca de 2,5 millones de afiliados, de los cuales aproximadamente 900 mil son cargas, habiéndose alcanzado 3,3 millones en 2020. Este sector ha realizado una importante inversión en infraestructura hospitalaria de alto nivel. En paralelo, el sistema público, a través de Fonasa, cubre actualmente a cerca de 17 millones de personas, cifra superior a los 15 millones registrados en 2020.
La pregunta de fondo es cómo avanzar hacia un sistema mixto centrado en el paciente, que garantice acceso oportuno e igualitario a las prestaciones en salud. ¿Es el camino elegir un sistema monopólico estatal, donde Fonasa concentre la gestión de distintos seguros? ¿Qué ocurre entonces con la libertad de elección? ¿Cuál es el modelo más eficiente en la asignación de recursos escasos?
En nuestra opinión, el sistema estatal debe modernizarse mediante la incorporación de diferentes modelos de colaboración público privado. El actual sistema de gestión estatal está colapsado a pesar de los millonarios incrementos presupuestarios que ha gozado. Para solucionarlo, las concesiones de gestión hospitalaria son una herramienta moderna que permiten aumentar la inversión y mejorar la gestión de los recursos sin privatizar los hospitales públicos. Asimismo, los subsidios ajustados por riesgo e ingreso, y un sistema mixto de seguros individuales y colectivos, que permita a las personas elegir libremente donde atenderse, tiende a generar una asignación más eficiente de los recursos. Dichos seguros debieran operar sin carencias ni discriminaciones arbitrarias, incorporando un sólido mecanismo de compensación de riesgos. Con la concurrencia del Estado al financiamiento directo, se puede estructurar un gran seguro universal que garantice acceso real e igualitario, poniendo al paciente, y no a la burocracia, en el centro de la política pública.
Al mismo tiempo, es necesario legitimar y regular adecuadamente al sistema privado, estableciendo reglas claras sobre coberturas, resultados clínicos y estándares de solvencia.
Chile merece un mejor sistema de salud. Y para lograrlo, se necesita liderazgo y voluntad política, diálogo y una visión que supere trincheras ideológicas. La salud no admite más postergaciones.
Jaime Calderón Riveros Rafael Caviedes Dupá
Ingeniero Comercial Fen U de Chile MBA U de Navarra
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