El déficit fiscal alcanzó un 3,6% del PIB —unos 13.200 millones de dólares—, cifra superior a lo proyectado. No es solo un dato contable: es una señal de alerta para el próximo gobierno. Y entre los sectores más tensionados por esta realidad está la salud.
El gasto sanitario se ha duplicado en la última década y según informes de la Dirección de Presupuestos se sitúa en el 6% de PIB y representa el 20% del gasto público para el 2025. Las listas de espera se acumulan, el cáncer aumenta, las enfermedades crónicas se multiplican y el envejecimiento poblacional presiona cada vez más al sistema. No estamos frente a una crisis coyuntural, sino estructural.
Tres causas profundas
Primero, una visión anclada en el pasado. Se sigue pensando la salud pública desde el modelo hospitalario de mediados del siglo XX, con una lógica del monopolio estatal y altamente burocrática. La tecnología, la gestión moderna y los incentivos adecuados no han sido incorporados plenamente. El resultado es previsible: baja eficiencia, escasa innovación y pacientes atrapados en un sistema rígido.
Segundo, el factor jurídico. La judicialización masiva del sistema privado —tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 y la posterior resolución de la Corte Suprema que ordenó aplicar retroactivamente la nueva tabla de factores — generó una distorsión institucional sin precedentes. Más de dos millones de recursos de protección en menos de una década colapsaron las Cortes. La aplicación retroactiva, en términos generales, creó una deuda privada de gran magnitud y abrió un conflicto que hoy incluso tiene aristas internacionales. Faltó conducción política para corregir a tiempo una anomalía que terminó afectando la estabilidad del sistema completo.
Tercero, la ideologización del debate. Se ha instalado la premisa de que el Estado, por definición, sería más eficiente que cualquier esquema mixto. La apuesta por concentrar el sistema en torno a Fonasa como eje monopólico busca igualdad en el acceso, pero corre el riesgo de sacrificar eficiencia, competencia y libertad de elección. La experiencia comparada muestra que los sistemas exitosos no son puramente estatales ni puramente privados: son mixtos, regulados y colaborativos.
Una oportunidad histórica
Durante la pandemia, Chile demostró que la coordinación público-privada funciona. Camas críticas integradas, compra centralizada de insumos, colaboración logística. Esa experiencia debiera ser el punto de partida de una reforma moderna.
El desafío no es ideológico, es técnico y financiero.
Se necesita liderazgo con visión de Estado. Como el que impulsaron en su momento figuras como Ricardo Lagos, Edgardo Boeninger y hoy Eduardo Frei Ruiz-Tagle, capaces de articular acuerdos amplios y “pensar en grande”. Modernizar la salud exige convocar a un comité multidisciplinario permanente: médicos, enfermeras, ingenieros, economistas, arquitectos hospitalarios y expertos en gestión pública. La salud no es solo medicina; es también organización, logística y administración.
La estructura institucional debe fortalecerse. Hospitales con gerencias profesionales y directorios corporativos; evaluación de desempeño; incentivos a la eficiencia; apertura a inversión privada y filantropía en infraestructura y equipamiento. La gestión importa tanto como el presupuesto.
La digitalización es impostergable. Historia clínica electrónica interoperable a nivel nacional, trazabilidad de licencias médicas, control sanitario preventivo basado en datos. Sin información integrada, el sistema seguirá operando a ciegas.
Igualmente es urgente es reformar las compras públicas. La adquisición de medicamentos y equipamiento requiere procesos más ágiles, transparentes y competitivos. Cada peso mal gastado en salud es un peso que falta para un tratamiento oncológico o una cirugía pendiente.
Pero nada de esto será suficiente si no cambiamos el foco: la prevención debe convertirse en la prioridad estratégica. Mamografías, colonoscopías, exámenes preventivos, educación nutricional, combate a la obesidad infantil y atención temprana en salud mental. La atención primaria debe articularse con la red hospitalaria y con el sector privado bajo una lógica de continuidad de cuidados.
El envejecimiento poblacional ya no es una proyección futura: es una realidad presente. Si no invertimos hoy en prevención y gestión inteligente, el gasto seguirá creciendo de manera inercial, tensionando aún más las cuentas fiscales.
Libertad, equidad y sostenibilidad
El objetivo de cualquier sistema sanitario debe ser el bienestar del paciente. Ello supone garantizar acceso oportuno y calidad, pero también respetar la libertad de elegir entre seguro público o privado. El financiamiento estatal debe ser equitativo, no uniformador; debe emparejar la cancha, no restringir opciones.
Confundir salud con monopolio estatal es un error conceptual. La salud es prevención, bienestar y gestión eficiente de recursos escasos. Requiere ingeniería institucional y responsabilidad fiscal.
Chile enfrenta un déficit relevante, pero también una oportunidad. Si se aborda la reforma sanitaria con visión técnica, acuerdos políticos amplios y foco en las personas, el país puede transformar una crisis en punto de inflexión.
Postergar las decisiones solo hará que el problema crezca. La hora de modernizar el sistema de salud es ahora.
Jaime Calderón Riveros
Ingeniero Comercial (Fen U de Chile)
Santiago, 18 de febrero de 2026
No hay comentarios.:
Publicar un comentario