Salud privada y nuevo orden social

La crisis de la salud afecta a millones de chilenos y, en cierto modo, al alma misma de Chile. Resulta inconcebible que, tras el avance económico y social que el país ha alcanzado en las últimas décadas, enfrentemos hoy listas de espera que afecten a casi 3 millones de personas. Estas cifras incluso deben ser precisadas, puesto que no existe plena certeza sobre su magnitud, y haya cerca de quince mil pacientes de cáncer con tratamientos atrasados. Es hora de cambiar y enfrentar este problema estructural con decisión y voluntad política en forma multifactorial pues ya se arrastra por décadas.

Uno de los nudos críticos ha sido la falta de reformas oportunas. Si bien es el sistema público el que enfrenta los mayores problemas, los cambios legislativos se han centrado en el aseguramiento privado y de mala forma. Desde comienzos de los años 2000 los problemas de reajustabilidad del sistema privado de salud fueron advertidos por diversos ministros de la Corte Suprema, sin embargo, se corrigió tarde. Ello derivó en millones de recursos judiciales y en la resolución del Tribunal Constitucional del año 2010, que abrió paso a una profunda judicialización del sistema. Entre 2013 y 2022 ingresaron cerca de dos millones de causas a la Corte, según datos del Ministerio de Justicia.

Posteriormente, la Tercera Sala de la Corte Suprema ordenó aplicar la tabla de factores con efecto retroactivo y con alcance universal, erga omnes, lo que tensionó la estabilidad financiera del sistema privado y principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico, como ha sostenido el Observatorio Judicial al señalar que las resoluciones judiciales afectan únicamente a las partes involucradas. Esta decisión dio origen a la deuda de las aseguradoras privadas y generó un escenario de alta incertidumbre regulatoria. Como corolario a estas malas decisiones, Chile enfrenta una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), con potenciales costos relevantes para el Estado.

Conviene recordar que el sistema chileno es mixto, con participación pública y privada, y que ambos sectores pueden coordinarse eficazmente, como quedó demostrado durante la pandemia. El sistema público ha formado generaciones de profesionales de excelencia y ha sido la cuna de grandes hospitales y maestros de la medicina chilena. Sus funcionaros trabajan con enorme abnegación pese a limitaciones burocráticas, brechas tecnológicas y crecientes riesgos de seguridad.

Por su parte, el sistema privado de salud fue creado mediante el DFL No.3 de 1981 del Ministerio de Salud y posteriormente refundido en el DFL No.1 de 2005, que rige actualmente. Atiende hoy a cerca de 2,5 millones de afiliados, de los cuales aproximadamente 900 mil son cargas, habiéndose alcanzado 3,3 millones en 2020. Este sector ha realizado una importante inversión en infraestructura hospitalaria de alto nivel. En paralelo, el sistema público, a través de Fonasa, cubre actualmente a cerca de 17 millones de personas, cifra superior a los 15 millones registrados en 2020.

La pregunta de fondo es cómo avanzar hacia un sistema mixto centrado en el paciente, que garantice acceso oportuno e igualitario a las prestaciones en salud. ¿Es el camino elegir un sistema monopólico estatal, donde Fonasa concentre la gestión de distintos seguros? ¿Qué ocurre entonces con la libertad de elección? ¿Cuál es el modelo más eficiente en la asignación de recursos escasos?

En nuestra opinión, el sistema estatal debe modernizarse mediante la incorporación de diferentes modelos de colaboración público privado. El actual sistema de gestión estatal está colapsado a pesar de los millonarios incrementos presupuestarios que ha gozado. Para solucionarlo, las concesiones de gestión hospitalaria son una herramienta moderna que permiten aumentar la inversión y mejorar la gestión de los recursos sin privatizar los hospitales públicos. Asimismo, los subsidios ajustados por riesgo e ingreso, y un sistema mixto de seguros individuales y colectivos, que permita a las personas elegir libremente donde atenderse, tiende a generar una asignación más eficiente de los recursos. Dichos seguros debieran operar sin carencias ni discriminaciones arbitrarias, incorporando un sólido mecanismo de compensación de riesgos. Con la concurrencia del Estado al financiamiento directo, se puede estructurar un gran seguro universal que garantice acceso real e igualitario, poniendo al paciente, y no a la burocracia, en el centro de la política pública.

Al mismo tiempo, es necesario legitimar y regular adecuadamente al sistema privado, estableciendo reglas claras sobre coberturas, resultados clínicos y estándares de solvencia.

Chile merece un mejor sistema de salud. Y para lograrlo, se necesita liderazgo y voluntad política, diálogo y una visión que supere trincheras ideológicas. La salud no admite más postergaciones.

Jaime Calderón Riveros                                                  Rafael Caviedes Dupá

Ingeniero Comercial Fen U de Chile                              MBA U de Navarra

Salud y déficit fiscal: la hora de las decisiones

El déficit fiscal alcanzó un 3,6% del PIB —unos 13.200 millones de dólares—, cifra superior a lo proyectado. No es solo un dato contable: es una señal de alerta para el próximo gobierno. Y entre los sectores más tensionados por esta realidad está la salud.

El gasto sanitario se ha duplicado en la última década y según informes de la Dirección de Presupuestos se sitúa en el 6% de PIB y representa el 20% del gasto público para el 2025. Las listas de espera se acumulan, el cáncer aumenta, las enfermedades crónicas se multiplican y el envejecimiento poblacional presiona cada vez más al sistema. No estamos frente a una crisis coyuntural, sino estructural.

Tres causas profundas

Primero, una visión anclada en el pasado. Se sigue pensando la salud pública desde el modelo hospitalario de mediados del siglo XX, con una lógica del monopolio estatal y altamente burocrática. La tecnología, la gestión moderna y los incentivos adecuados no han sido incorporados plenamente. El resultado es previsible: baja eficiencia, escasa innovación y pacientes atrapados en un sistema rígido.

Segundo, el factor jurídico. La judicialización masiva del sistema privado —tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 y la posterior resolución de la Corte Suprema que ordenó aplicar retroactivamente la nueva tabla de factores — generó una distorsión institucional sin precedentes. Más de dos millones de recursos de protección en menos de una década colapsaron las Cortes. La aplicación retroactiva, en términos generales, creó una deuda privada de gran magnitud y abrió un conflicto que hoy incluso tiene aristas internacionales. Faltó conducción política para corregir a tiempo una anomalía que terminó afectando la estabilidad del sistema completo.

Tercero, la ideologización del debate. Se ha instalado la premisa de que el Estado, por definición, sería más eficiente que cualquier esquema mixto. La apuesta por concentrar el sistema en torno a Fonasa como eje monopólico busca igualdad en el acceso, pero corre el riesgo de sacrificar eficiencia, competencia y libertad de elección. La experiencia comparada muestra que los sistemas exitosos no son puramente estatales ni puramente privados: son mixtos, regulados y colaborativos.

Una oportunidad histórica

Durante la pandemia, Chile demostró que la coordinación público-privada funciona. Camas críticas integradas, compra centralizada de insumos, colaboración logística. Esa experiencia debiera ser el punto de partida de una reforma moderna.

El desafío no es ideológico, es técnico y financiero.

Se necesita liderazgo con visión de Estado. Como el que impulsaron en su momento figuras como Ricardo Lagos, Edgardo Boeninger y hoy Eduardo Frei Ruiz-Tagle, capaces de articular acuerdos amplios y “pensar en grande”. Modernizar la salud exige convocar a un comité multidisciplinario permanente: médicos, enfermeras, ingenieros, economistas, arquitectos hospitalarios y expertos en gestión pública. La salud no es solo medicina; es también organización, logística y administración.

La estructura institucional debe fortalecerse. Hospitales con gerencias profesionales y directorios corporativos; evaluación de desempeño; incentivos a la eficiencia; apertura a inversión privada y filantropía en infraestructura y equipamiento. La gestión importa tanto como el presupuesto.

La digitalización es impostergable. Historia clínica electrónica interoperable a nivel nacional, trazabilidad de licencias médicas, control sanitario preventivo basado en datos. Sin información integrada, el sistema seguirá operando a ciegas.

Igualmente es urgente es reformar las compras públicas. La adquisición de medicamentos y equipamiento requiere procesos más ágiles, transparentes y competitivos. Cada peso mal gastado en salud es un peso que falta para un tratamiento oncológico o una cirugía pendiente.

Pero nada de esto será suficiente si no cambiamos el foco: la prevención debe convertirse en la prioridad estratégica. Mamografías, colonoscopías, exámenes preventivos, educación nutricional, combate a la obesidad infantil y atención temprana en salud mental. La atención primaria debe articularse con la red hospitalaria y con el sector privado bajo una lógica de continuidad de cuidados.

El envejecimiento poblacional ya no es una proyección futura: es una realidad presente. Si no invertimos hoy en prevención y gestión inteligente, el gasto seguirá creciendo de manera inercial, tensionando aún más las cuentas fiscales.

Libertad, equidad y sostenibilidad

El objetivo de cualquier sistema sanitario debe ser el bienestar del paciente. Ello supone garantizar acceso oportuno y calidad, pero también respetar la libertad de elegir entre seguro público o privado. El financiamiento estatal debe ser equitativo, no uniformador; debe emparejar la cancha, no restringir opciones.

Confundir salud con monopolio estatal es un error conceptual. La salud es prevención, bienestar y gestión eficiente de recursos escasos. Requiere ingeniería institucional y responsabilidad fiscal.

Chile enfrenta un déficit relevante, pero también una oportunidad. Si se aborda la reforma sanitaria con visión técnica, acuerdos políticos amplios y foco en las personas, el país puede transformar una crisis en punto de inflexión.

Postergar las decisiones solo hará que el problema crezca. La hora de modernizar el sistema de salud es ahora.

Jaime Calderón Riveros

Ingeniero Comercial (Fen U de Chile)

Santiago, 18 de febrero de 2026