Jaime Calderón Riveros
Ingeniero Comercial (Fen Universidad de Chile)
La sanidad en Chile atraviesa una de las crisis más profundas de las últimas décadas. Las cifras son elocuentes: miles de personas fallecen mientras esperan atención especializada, intervenciones quirúrgicas o tratamientos oncológicos oportunos. Este escenario resulta particularmente paradójico si se considera que el gasto en salud ha crecido sostenidamente a una tasa superior al gasto público total y se ha duplicado en el último decenio. Surge entonces una pregunta inevitable: ¿qué está fallando?
Como ocurre con toda enfermedad compleja, la crisis del sistema de salud es multifactorial. En primer lugar, es fundamental distinguir entre salud y medicina. Mientras la primera alude a un estado de equilibrio y bienestar, la segunda se refiere a la acción de curar. Esta diferencia no es trivial, ya que los problemas sanitarios no competen exclusivamente al ámbito médico: involucran también a enfermeras, matronas, ingenieros, arquitectos y economistas, entre otros profesionales.
En este contexto, es posible identificar tres factores principales que explican la crisis actual. El primero corresponde a un enfoque obsoleto de la salud pública, basado en el modelo tradicional de grandes hospitales, que no ha evolucionado al ritmo de los avances tecnológicos, de gestión ni de la economía moderna. Este enfoque ha privilegiado una lógica centrada en el Estado, en lugar de situar al paciente como eje del sistema.
El segundo factor es de carácter jurídico. Desde antes de la década del 2000, diversas advertencias señalaron las falencias estructurales del sistema de reajustabilidad del sector privado. La falta de reformas oportunas derivó en una creciente judicialización, intensificada tras la resolución del Tribunal Constitucional en 2010. Entre 2013 y 2022 ingresaron más de 2,3 millones de causas al sistema judicial, generando una sobrecarga significativa. Posteriormente, la intervención de la Corte Suprema, al establecer la aplicación retroactiva y general de la tabla de factores, tensionó aún más el marco jurídico, al contravenir principios básicos del ordenamiento legal. La ausencia de liderazgo político en este ámbito ha derivado, en gran medida, en soluciones parciales y comisiones sin resultados estructurales.
El tercer factor es de índole política. Determinadas propuestas han buscado debilitar el sistema privado de salud, reduciéndolo a un rol complementario, sin considerar su relevancia en la provisión de servicios. Actualmente, el sector privado atiende más de la mitad de las prestaciones médicas del país, a pesar de contar con una proporción significativamente menor de camas hospitalarias. La combinación de improvisación, demagogia y visiones ideologizadas ha contribuido a profundizar la crisis, configurando uno de los mayores fracasos de política pública en las últimas décadas.
Frente a este diagnóstico, las soluciones deben ser necesariamente multidisciplinarias. Se proponen tres ejes fundamentales. En primer lugar, una profunda modernización del Estado, orientada a mejorar la gestión, eficiencia y gobernanza del sistema de salud. En segundo lugar, el diseño de políticas públicas centradas en el paciente, priorizando el acceso oportuno y la libertad de elección por sobre estructuras rígidas. Finalmente, un fuerte énfasis en la educación sanitaria y la prevención, entendiendo que los problemas de salud se originan, en gran medida, fuera del ámbito hospitalario.
La modernización del Estado implica avanzar hacia una estructura organizacional más flexible y profesionalizada, con liderazgo estratégico y asesoría multidisciplinaria. Esto incluye la incorporación de gobiernos corporativos en hospitales, el fortalecimiento de la gestión directiva, la digitalización mediante fichas clínicas interoperables y la optimización de los sistemas de compras públicas. Asimismo, resulta clave promover mecanismos de colaboración público-privada que permitan ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la atención.
Por su parte, un sistema centrado en el paciente debe garantizar la posibilidad de elegir entre seguros públicos y privados, generando incentivos para una asignación más eficiente de los recursos. La evidencia sugiere que los modelos excesivamente burocráticos tienden a reducir la productividad y a generar importantes niveles de ineficiencia en el uso del gasto público.
En cuanto a la prevención, es indispensable fortalecer la educación sanitaria desde la atención primaria. Problemas como la obesidad, la salud mental, el consumo de alcohol y drogas, y la salud bucal requieren estrategias integrales que incluyan equipos multidisciplinarios y programas de diagnóstico precoz. La implementación de una batería de exámenes preventivos como mamografías, colonoscopías, diagnóstico por imágenes y análisis clínicos, puede contribuir significativamente a reducir la carga de enfermedad y la presión sobre el sistema hospitalario.
Finalmente, cabe preguntarse por el rol de los profesionales de la economía, la gestión y la administración en este desafío. La respuesta es clara: existe una oportunidad significativa para liderar procesos de transformación en el sector salud. Desde el diseño de políticas públicas hasta la implementación de modelos de gestión eficientes, su contribución es clave para enfrentar los desafíos actuales.
El desarrollo alcanzado por Chile en las últimas décadas exige un sistema de salud acorde a sus necesidades. Alcanzarlo requerirá liderazgo, visión de Estado y un compromiso decidido con la modernización y el bienestar de las personas.
Santiago, abril de 2026
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