Jaime Calderón Riveros
Ingeniero Comercial (FEN, Universidad de Chile)
La grave crisis de nuestro sistema sanitario estuvo ausente del debate presidencial y, hasta hoy, no se conoce con claridad cuál será la política sanitaria del actual Gobierno, más allá de la alerta sanitaria para patologías oncológicas. La ministra de Salud, con un buen desempeño comunicacional, ha expuesto algunos problemas puntuales del sector en presentaciones ante la Cámara, pero aún no se vislumbra una hoja de ruta integral.
Los problemas de la salud en Chile son de larga data y responden, fundamentalmente, a tres factores estructurales.
En primer lugar, existe una persistente aplicación de políticas públicas centradas en el Estado y no en el paciente, que no han evolucionado al ritmo de los avances en tecnología, gestión y economía moderna. En este contexto surgen fenómenos como el fraude en licencias médicas, hospitales públicos con bajos niveles de productividad entre varios.
En segundo lugar, se observa un problema de carácter jurídico. Desde los años 2000 no se corrigió el sistema de reajustabilidad del sector privado, pese a reiteradas advertencias de varios ministros de la Corte. Esto derivó en la resolución del Tribunal Constitucional de 2010, que abrió la puerta a una creciente judicialización del sistema. Entre 2013 y 2022 ingresaron más de dos millones de recursos a la Corte, según informes del Ministerio de Justicia, lo que terminó por colapsar el sistema judicial. La respuesta fue la sentencia de la Tercera Sala de la Corte Suprema en 2022, que ordenó aplicar efectos retroactivos con carácter general, sobrepasando principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico, como ha señalado el Observatorio Judicial.
En tercer lugar, existe un factor político. El gobierno anterior impulsó una agenda orientada a debilitar el sistema privado de salud, relegándolo a un rol secundario, sin considerar que Chile ha operado históricamente bajo un sistema mixto que mostró eficacia, por ejemplo, durante la pandemia.
Ahora bien, ¿es posible avanzar? Sí, pero requiere cambios estructurales que han sido resistidos por distintos actores del sector.
Primero, es indispensable modernizar el Estado para enfrentar el nuevo perfil epidemiológico: envejecimiento de la población, aumento de los problemas de salud mental, consumo de alcohol y drogas en jóvenes, obesidad y deterioro de la salud bucal. Esto implica rediseñar la estructura del Ministerio de Salud, incorporar vicepresidencias ejecutivas, profesionalizar la gestión hospitalaria mediante gobiernos corporativos, abrir espacios a la inversión privada —incluyendo concesiones— y avanzar hacia un sistema integrado de información con ficha clínica única. El problema de la salud en Chile es, en gran medida, de gestión más que de recursos: el presupuesto se ha duplicado en la última década y continúa creciendo por sobre el promedio del gasto público.
En segundo lugar, se debe poner al paciente en el centro de la política pública. Esto implica garantizar su capacidad de elegir libremente prestadores, mediante mecanismos como subsidios a la demanda, planes colectivos a través de cajas de compensación y convenios con empresas. Asimismo, es clave legitimar un sistema privado sin preexistencias, basado en esquemas solidarios y accesibles.
En tercer lugar, es urgente reorientar el gasto hacia la educación y la prevención. Los principales problemas de salud no se originan en los hospitales, sino en el entorno de las personas. Se requiere un gran plan preventivo que articule la atención primaria, mutualidades y red hospitalaria, incorporando tecnología para diagnóstico temprano, como mamografías, colonoscopías y ecografías.
Mientras no se modifique el enfoque que ha predominado en las últimas décadas, la autoridad sanitaria seguirá enfrentando situaciones críticas que no se condicen con el nivel de desarrollo económico del país. Chile puede avanzar hacia la reducción sustantiva —e incluso la eliminación— de las listas de espera en el marco de un sistema mixto público-privado.
Chile merece un sistema de salud mejor, más eficiente y centrado en las personas.
Santiago, 15 de abril del 2026
