Salud: ¿Otra vez el segundo piso?

Jaime Calderón Riveros

Ingeniero Comercial (Fen Universidad de Chile)

La situación de la sanidad en Chile es crítica, pese a que el gasto público en salud se ha duplicado durante la última década. Las políticas públicas recientes fueron diseñadas desde el llamado “segundo piso” del gobierno anterior, bajo el atractivo —aunque simplista— concepto de una “salud igualitaria para todos”. ¿Quién podría oponerse a un eslogan así? Sin embargo, tras esa consigna se impulsó un modelo que tendía a fortalecer el monopolio estatal a través de Fonasa, relegando al sector privado a un rol secundario.

Este escenario se agravó tras la controvertida sentencia de la Tercera Sala de la Corte Suprema, cuestionada en su momento por el Observatorio Judicial, en un contexto de sobrecarga de causas. No hubo liderazgo político capaz de corregir esta anomalía, lo que, en la práctica, terminó alineándose con la orientación del programa gubernamental de entonces.

Las consecuencias son dramáticas: se estima que cerca de treinta mil chilenos mueren cada año mientras esperan una atención especializada, una cirugía o un tratamiento oncológico. A esto se suma la demanda internacional que enfrenta Chile ante el CIADI, con elevados costos potenciales para el Estado.

Las causas de esta crisis son múltiples. En primer lugar, persiste una concepción de salud pública anclada en una visión estatal propia de mediados del siglo XX, que no ha sabido adaptarse a los avances en tecnología, gestión y economía. En segundo término, existió un problema jurídico que no se resolvió oportunamente: la falta de corrección del sistema de reajustabilidad del sector privado que derivó en la judicialización del sistema, iniciada con la resolución del Tribunal Constitucional de 2010 y culminada con el fallo de la Corte Suprema, cuya legitimidad ha sido ampliamente discutida. Finalmente, el factor político ha sido determinante, especialmente cuando se promueven reformas que buscan debilitar o eliminar el sistema privado.

¿Es posible avanzar en salud? Soy escéptico. Tal como ocurre en el sistema de justicia, existe un “establishment” que resiste cambios profundos, junto a gremios con gran capacidad de presión. Se requiere, como bien se ha dicho, una verdadera “ingeniería en salud”. También es legítimo preguntarse por el uso eficiente de los recursos públicos: estudios del Observatorio Fiscal indican que solo mejorando la gestión se podría ahorrar cerca de un 10% del gasto.

Los ejemplos de ineficiencia son numerosos: hospitales que no cumplen estándares sanitarios con inversiones sobre U$ 200 millones, compra de equipamiento de alto costo que no considera las remuneraciones de los operadores y permanece por años en bodegas, licitaciones con deficientes especificaciones técnicas que generan sobrecostos, y políticas comerciales que terminan trasladando los costos al Estado.

En el plano político, el actual “segundo piso” parece responder a una lógica que privilegia la renovación generacional por sobre la experiencia, con el objetivo de redefinir el mapa ideológico. Sin embargo, las sociedades que progresan son aquellas que logran equilibrar juventud y experiencia. La milenaria cultura china, por ejemplo, valora profundamente a sus mayores como fuente de sabiduría. En democracia, el progreso no se construye imponiendo visiones, sino integrando diferencias.

Si queremos avanzar en salud, es imprescindible estructurar una estrategia basada en tres ejes fundamentales. Primero, una profunda modernización del sector público, incorporando tecnología, rediseñando la estructura del Ministerio de Salud y promoviendo un enfoque multidisciplinario que incluya ingeniería, arquitectura hospitalaria y planificación académica de los recursos humanos en salud.

Segundo, es necesario centrar el sistema en el paciente y no en el Estado. Como establece el juramento hipocrático, la prioridad es aliviar el sufrimiento y mejorar la salud de las personas.

Tercero, se debe fortalecer la educación y la prevención. Los problemas de salud no nacen en los hospitales, sino en el entorno social. Políticas que promuevan la nutrición, la medicina familiar, la actividad física y la salud mental son pilares esenciales de cualquier sistema sanitario moderno.

Me queda agradecer este espacio. Mejorar el sistema de salud es, muchas veces, una lucha quijotesca, especialmente cuando falta liderazgo político y voluntad de escuchar. Aun así, Chile merece un sistema de salud mejor. Esta causa tiene rostro: el de esa mujer humilde que espera atención en un hospital público.

Y como escribió Carlos Pezoa Véliz:

“Y nadie dijo nada…”

Santiago, abril de 2026

Columna publicada en El Libero el domingo 3 de mayo

Salud, ingeniería y economía

Jaime Calderón Riveros

Ingeniero Comercial (Fen Universidad de Chile)

La sanidad en Chile atraviesa una de las crisis más profundas de las últimas décadas. Las cifras son elocuentes: miles de personas fallecen mientras esperan atención especializada, intervenciones quirúrgicas o tratamientos oncológicos oportunos. Este escenario resulta particularmente paradójico si se considera que el gasto en salud ha crecido sostenidamente a una tasa superior al gasto público total y se ha duplicado en el último decenio. Surge entonces una pregunta inevitable: ¿qué está fallando?

Como ocurre con toda enfermedad compleja, la crisis del sistema de salud es multifactorial. En primer lugar, es fundamental distinguir entre salud y medicina. Mientras la primera alude a un estado de equilibrio y bienestar, la segunda se refiere a la acción de curar. Esta diferencia no es trivial, ya que los problemas sanitarios no competen exclusivamente al ámbito médico: involucran también a enfermeras, matronas, ingenieros, arquitectos y economistas, entre otros profesionales.

En este contexto, es posible identificar tres factores principales que explican la crisis actual. El primero corresponde a un enfoque obsoleto de la salud pública, basado en el modelo tradicional de grandes hospitales, que no ha evolucionado al ritmo de los avances tecnológicos, de gestión ni de la economía moderna. Este enfoque ha privilegiado una lógica centrada en el Estado, en lugar de situar al paciente como eje del sistema.

El segundo factor es de carácter jurídico. Desde antes de la década del 2000, diversas advertencias señalaron las falencias estructurales del sistema de reajustabilidad del sector privado. La falta de reformas oportunas derivó en una creciente judicialización, intensificada tras la resolución del Tribunal Constitucional en 2010. Entre 2013 y 2022 ingresaron más de 2,3 millones de causas al sistema judicial, generando una sobrecarga significativa. Posteriormente, la intervención de la Corte Suprema, al establecer la aplicación retroactiva y general de la tabla de factores, tensionó aún más el marco jurídico, al contravenir principios básicos del ordenamiento legal. La ausencia de liderazgo político en este ámbito ha derivado, en gran medida, en soluciones parciales y comisiones sin resultados estructurales.

El tercer factor es de índole política. Determinadas propuestas han buscado debilitar el sistema privado de salud, reduciéndolo a un rol complementario, sin considerar su relevancia en la provisión de servicios. Actualmente, el sector privado atiende más de la mitad de las prestaciones médicas del país, a pesar de contar con una proporción significativamente menor de camas hospitalarias. La combinación de improvisación, demagogia y visiones ideologizadas ha contribuido a profundizar la crisis, configurando uno de los mayores fracasos de política pública en las últimas décadas.

Frente a este diagnóstico, las soluciones deben ser necesariamente multidisciplinarias. Se proponen tres ejes fundamentales. En primer lugar, una profunda modernización del Estado, orientada a mejorar la gestión, eficiencia y gobernanza del sistema de salud. En segundo lugar, el diseño de políticas públicas centradas en el paciente, priorizando el acceso oportuno y la libertad de elección por sobre estructuras rígidas. Finalmente, un fuerte énfasis en la educación sanitaria y la prevención, entendiendo que los problemas de salud se originan, en gran medida, fuera del ámbito hospitalario.

La modernización del Estado implica avanzar hacia una estructura organizacional más flexible y profesionalizada, con liderazgo estratégico y asesoría multidisciplinaria. Esto incluye la incorporación de gobiernos corporativos en hospitales, el fortalecimiento de la gestión directiva, la digitalización mediante fichas clínicas interoperables y la optimización de los sistemas de compras públicas. Asimismo, resulta clave promover mecanismos de colaboración público-privada que permitan ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la atención.

Por su parte, un sistema centrado en el paciente debe garantizar la posibilidad de elegir entre seguros públicos y privados, generando incentivos para una asignación más eficiente de los recursos. La evidencia sugiere que los modelos excesivamente burocráticos tienden a reducir la productividad y a generar importantes niveles de ineficiencia en el uso del gasto público.

En cuanto a la prevención, es indispensable fortalecer la educación sanitaria desde la atención primaria. Problemas como la obesidad, la salud mental, el consumo de alcohol y drogas, y la salud bucal requieren estrategias integrales que incluyan equipos multidisciplinarios y programas de diagnóstico precoz. La implementación de una batería de exámenes preventivos como mamografías, colonoscopías, diagnóstico por imágenes y análisis clínicos, puede contribuir significativamente a reducir la carga de enfermedad y la presión sobre el sistema hospitalario.

Finalmente, cabe preguntarse por el rol de los profesionales de la economía, la gestión y la administración en este desafío. La respuesta es clara: existe una oportunidad significativa para liderar procesos de transformación en el sector salud. Desde el diseño de políticas públicas hasta la implementación de modelos de gestión eficientes, su contribución es clave para enfrentar los desafíos actuales.

El desarrollo alcanzado por Chile en las últimas décadas exige un sistema de salud acorde a sus necesidades. Alcanzarlo requerirá liderazgo, visión de Estado y un compromiso decidido con la modernización y el bienestar de las personas.

Santiago, abril de 2026

¿Se pueden terminar las listas de espera?

Jaime Calderón Riveros

Ingeniero Comercial (FEN, Universidad de Chile)

La grave crisis de nuestro sistema sanitario estuvo ausente del debate presidencial y, hasta hoy, no se conoce con claridad cuál será la política sanitaria del actual Gobierno, más allá de la alerta sanitaria para patologías oncológicas. La ministra de Salud, con un buen desempeño comunicacional, ha expuesto algunos problemas puntuales del sector en presentaciones ante la Cámara, pero aún no se vislumbra una hoja de ruta integral.

Los problemas de la salud en Chile son de larga data y responden, fundamentalmente, a tres factores estructurales.

En primer lugar, existe una persistente aplicación de políticas públicas centradas en el Estado y no en el paciente, que no han evolucionado al ritmo de los avances en tecnología, gestión y economía moderna. En este contexto surgen fenómenos como el fraude en licencias médicas, hospitales públicos con bajos niveles de productividad entre varios.

En segundo lugar, se observa un problema de carácter jurídico. Desde los años 2000 no se corrigió el sistema de reajustabilidad del sector privado, pese a reiteradas advertencias de varios ministros de la Corte. Esto derivó en la resolución del Tribunal Constitucional de 2010, que abrió la puerta a una creciente judicialización del sistema. Entre 2013 y 2022 ingresaron más de dos millones de recursos a la Corte, según informes del Ministerio de Justicia, lo que terminó por colapsar el sistema judicial. La respuesta fue la sentencia de la Tercera Sala de la Corte Suprema en 2022, que ordenó aplicar efectos retroactivos con carácter general, sobrepasando principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico, como ha señalado el Observatorio Judicial.

En tercer lugar, existe un factor político. El gobierno anterior impulsó una agenda orientada a debilitar el sistema privado de salud, relegándolo a un rol secundario, sin considerar que Chile ha operado históricamente bajo un sistema mixto que mostró eficacia, por ejemplo, durante la pandemia.

Ahora bien, ¿es posible avanzar? Sí, pero requiere cambios estructurales que han sido resistidos por distintos actores del sector.

Primero, es indispensable modernizar el Estado para enfrentar el nuevo perfil epidemiológico: envejecimiento de la población, aumento de los problemas de salud mental, consumo de alcohol y drogas en jóvenes, obesidad y deterioro de la salud bucal. Esto implica rediseñar la estructura del Ministerio de Salud, incorporar vicepresidencias ejecutivas, profesionalizar la gestión hospitalaria mediante gobiernos corporativos, abrir espacios a la inversión privada —incluyendo concesiones— y avanzar hacia un sistema integrado de información con ficha clínica única. El problema de la salud en Chile es, en gran medida, de gestión más que de recursos: el presupuesto se ha duplicado en la última década y continúa creciendo por sobre el promedio del gasto público.

En segundo lugar, se debe poner al paciente en el centro de la política pública. Esto implica garantizar su capacidad de elegir libremente prestadores, mediante mecanismos como subsidios a la demanda, planes colectivos a través de cajas de compensación y convenios con empresas. Asimismo, es clave legitimar un sistema privado sin preexistencias, basado en esquemas solidarios y accesibles.

En tercer lugar, es urgente reorientar el gasto hacia la educación y la prevención. Los principales problemas de salud no se originan en los hospitales, sino en el entorno de las personas. Se requiere un gran plan preventivo que articule la atención primaria, mutualidades y red hospitalaria, incorporando tecnología para diagnóstico temprano, como mamografías, colonoscopías y ecografías.

Mientras no se modifique el enfoque que ha predominado en las últimas décadas, la autoridad sanitaria seguirá enfrentando situaciones críticas que no se condicen con el nivel de desarrollo económico del país. Chile puede avanzar hacia la reducción sustantiva —e incluso la eliminación— de las listas de espera en el marco de un sistema mixto público-privado.

Chile merece un sistema de salud mejor, más eficiente y centrado en las personas.

Santiago, 15 de abril del 2026