sábado, 11 de mayo de 2024
jueves, 2 de mayo de 2024
Chile ¿un sistema de salud fallido?
En Chile hay millones de pacientes en espera de especialistas, más de sesenta mil patologías Ges no cumplidas por el Estado y lo más grave, más de quince mil pacientes con patologías de cáncer no atendidos. Esto sucede a pesar de que según informes de la Dipres entre 1990 y 2012 el gasto en salud ha crecido un 9% y en términos del PIB se ha duplicado del 1,6% al 3,5%, muy por sobre el promedio de los países de la OCDE. Anualmente mueren miles de pacientes en espera de un especialista o una atención de una cirugía.
En los años 2000 diversos ministros de la Corte hicieron ver que había un serio problema de conflictividad en nuestro sistema de salud privado que no se corrigió por la conflictividad política “no se ha abordado la reajustabilidad de los planes” (ministro Sergio Muñoz), “se necesitan cambios legislativos y revisión de las políticas vigentes (ministro Haroldo Brito). Esto terminó en la resolución del Tribunal Constitucional de agosto del 2010, que abrió las puertas de la judicialización del sistema donde ingresaron más de 2,2 millones de causas a las Cortes de Apelaciones entre el 2013 y 2022 según informes del Ministerio de Justicia que fue el origen de la sentencia de la Tercera Salas de la Corte Suprema de noviembre del 2022 de aplicar la tabla única de factores con efecto retroactivo desde la dictación de la resolución IF 343 de la superintendencia de salud de diciembre del 2019, donde el ejecutivo demoro casi una década en interpretar la resolución del Tribunal Constitucional del 2010.
Llama la atención que ni el ejecutivo ni el legislativo preguntaran con los incumbentes como lo determina nuestra legislación vigente de acuerdo con el artículo tercero del Código Civil como lo hizo ver el Observatorio Judicial “las sentencias judiciales tienen fuerza obligatoria solo sobre las causas judiciales que se pronunciaren o, de lo contrario, es un grave atentado a la democracia”. Este es el criterio de la ministra Angela Vivanco en entrevista periodística y es curioso que cuando la Superintendencia de Salud preguntara por la aclaración del fallo la Tercera Sala, sin la presencia de la ministra Vivanco que fue apartada de la vocería de la Corte, contestara escuetamente “no hay nada que aclarar”. Es extraordinariamente grave para una democracia que el poder judicial intervenga en políticas públicas del ejecutivo y este interprete los fallos. Hay una notoria falta de liderazgo y han faltado los Edgardo Boeninger, Carlos Massad, Ricardo Lagos en salud.
El Superintendente de Salud, un médico cirujano de larga trayectoria política, interpretó en mi opinión muy precipitadamente, el cálculo de una deuda inexistente. El director de Fonasa ha declarado públicamente que uno de sus objetivos es eliminar el sistema privado de salud quedando como seguros de segundo piso, estableciendo una serie de planes complementarios insuficientes que pueden producir un histórico colapso del sistema público y privado en Chile. Predominan los dogmatismos, las improvisaciones, los parches, los voluntarismos tan habituales en salud, sin tener una visión de Estado cuyo objetivo central es que el paciente tenga un acceso igualitario, libre, sin preexistencias, oportuno a los servicios de salud.
Para solucionar el problema de la salud debemos “pensar en grande” o como decía el filósofo de la Universidad de Chile Jorge Millas “sentémonos a conversar como si no se nada para entender lo que el otro quiere decir y así producir verdad”. Se confunde medicina que según la Academia es “sanar, conjunto de técnicas y herramientas aplicadas a la prevención y tratamiento de enfermedades humanas” con salud que según la OMS es “equilibrio orgánico y completo bienestar físico”. La salud es un trabajo multidisciplinario de médicos, enfermeras, tecnólogos, profesionales de la salud, ingenieros, arquitectos, economistas. Hay una vieja escuela de salubridad pública que no considera los avances de la tecnología, la administración y economía modernas que promueve el monopolio del Estado que es un mal uso de recursos públicos en salud, produce empobrecimiento de la clase media y es foco de corrupción.
Modernizar el Estado
Hoy existe la oportunidad quizás única en años de avanzar y modernizar el sistema de salud chileno con un enfoque en el paciente, el gran olvidado por décadas. Un Estado rector de políticas públicas en salud como quedó demostrado en pandemia, un Ministerio con vicepresidencias ejecutivas y hospitales con gerencias y directorios en incluyendo la productividad incorporando las instituciones de beneficencia, concesiones hospitalarias, mejorar el sistema de compras públicas, digitalizar el sistema de licencias médicas independiente con un Fonasa orientado a las personas, un sistema mixto con participación pública y privada, la ficha universal única es el gran desafío de la ingeniería informática en salud, orientar el gasto a la prevención y salud primaria con planes básicos obligatorios (colonoscopías, mamografías, diagnóstico por imágenes) son esenciales para enfrentar el diagnóstico precoz del cáncer, los problemas de obesidad y alcoholismo juvenil, salud mental, estudiar un sistema de concesiones en prevención incentivando la inversión, una política pública en capacitación entre las universidades, sociedades científicas, educación y alfabetización sanitaria donde el servicio militar social (como en Suiza, Israel) es una herramienta del Estado en avanzar en salud.
Debemos actuar con criterio de Estado pensando siempre que el objetivo de todo sistema en salud es el paciente.
Santiago, mayo 2, 2024
En los años 2000 diversos ministros de la Corte hicieron ver que había un serio problema de conflictividad en nuestro sistema de salud privado que no se corrigió por la conflictividad política “no se ha abordado la reajustabilidad de los planes” (ministro Sergio Muñoz), “se necesitan cambios legislativos y revisión de las políticas vigentes (ministro Haroldo Brito). Esto terminó en la resolución del Tribunal Constitucional de agosto del 2010, que abrió las puertas de la judicialización del sistema donde ingresaron más de 2,2 millones de causas a las Cortes de Apelaciones entre el 2013 y 2022 según informes del Ministerio de Justicia que fue el origen de la sentencia de la Tercera Salas de la Corte Suprema de noviembre del 2022 de aplicar la tabla única de factores con efecto retroactivo desde la dictación de la resolución IF 343 de la superintendencia de salud de diciembre del 2019, donde el ejecutivo demoro casi una década en interpretar la resolución del Tribunal Constitucional del 2010.
Llama la atención que ni el ejecutivo ni el legislativo preguntaran con los incumbentes como lo determina nuestra legislación vigente de acuerdo con el artículo tercero del Código Civil como lo hizo ver el Observatorio Judicial “las sentencias judiciales tienen fuerza obligatoria solo sobre las causas judiciales que se pronunciaren o, de lo contrario, es un grave atentado a la democracia”. Este es el criterio de la ministra Angela Vivanco en entrevista periodística y es curioso que cuando la Superintendencia de Salud preguntara por la aclaración del fallo la Tercera Sala, sin la presencia de la ministra Vivanco que fue apartada de la vocería de la Corte, contestara escuetamente “no hay nada que aclarar”. Es extraordinariamente grave para una democracia que el poder judicial intervenga en políticas públicas del ejecutivo y este interprete los fallos. Hay una notoria falta de liderazgo y han faltado los Edgardo Boeninger, Carlos Massad, Ricardo Lagos en salud.
El Superintendente de Salud, un médico cirujano de larga trayectoria política, interpretó en mi opinión muy precipitadamente, el cálculo de una deuda inexistente. El director de Fonasa ha declarado públicamente que uno de sus objetivos es eliminar el sistema privado de salud quedando como seguros de segundo piso, estableciendo una serie de planes complementarios insuficientes que pueden producir un histórico colapso del sistema público y privado en Chile. Predominan los dogmatismos, las improvisaciones, los parches, los voluntarismos tan habituales en salud, sin tener una visión de Estado cuyo objetivo central es que el paciente tenga un acceso igualitario, libre, sin preexistencias, oportuno a los servicios de salud.
Para solucionar el problema de la salud debemos “pensar en grande” o como decía el filósofo de la Universidad de Chile Jorge Millas “sentémonos a conversar como si no se nada para entender lo que el otro quiere decir y así producir verdad”. Se confunde medicina que según la Academia es “sanar, conjunto de técnicas y herramientas aplicadas a la prevención y tratamiento de enfermedades humanas” con salud que según la OMS es “equilibrio orgánico y completo bienestar físico”. La salud es un trabajo multidisciplinario de médicos, enfermeras, tecnólogos, profesionales de la salud, ingenieros, arquitectos, economistas. Hay una vieja escuela de salubridad pública que no considera los avances de la tecnología, la administración y economía modernas que promueve el monopolio del Estado que es un mal uso de recursos públicos en salud, produce empobrecimiento de la clase media y es foco de corrupción.
Modernizar el Estado
Hoy existe la oportunidad quizás única en años de avanzar y modernizar el sistema de salud chileno con un enfoque en el paciente, el gran olvidado por décadas. Un Estado rector de políticas públicas en salud como quedó demostrado en pandemia, un Ministerio con vicepresidencias ejecutivas y hospitales con gerencias y directorios en incluyendo la productividad incorporando las instituciones de beneficencia, concesiones hospitalarias, mejorar el sistema de compras públicas, digitalizar el sistema de licencias médicas independiente con un Fonasa orientado a las personas, un sistema mixto con participación pública y privada, la ficha universal única es el gran desafío de la ingeniería informática en salud, orientar el gasto a la prevención y salud primaria con planes básicos obligatorios (colonoscopías, mamografías, diagnóstico por imágenes) son esenciales para enfrentar el diagnóstico precoz del cáncer, los problemas de obesidad y alcoholismo juvenil, salud mental, estudiar un sistema de concesiones en prevención incentivando la inversión, una política pública en capacitación entre las universidades, sociedades científicas, educación y alfabetización sanitaria donde el servicio militar social (como en Suiza, Israel) es una herramienta del Estado en avanzar en salud.
Debemos actuar con criterio de Estado pensando siempre que el objetivo de todo sistema en salud es el paciente.
Jaime Calderón Riveros
Santiago, mayo 2, 2024
Artículo aparecido en El Mostrador del sábado
11 de mayo del 2024
miércoles, 21 de febrero de 2024
Salud ¿Hablemos en grande?
Hoy en alguna urgencia de un servicio de salud hay una señora en la camilla de una ambulancia que no la pueden trasladar porque no hay camas en el hospital. En otro hospital son las 5 AM y ya hay personas esperando un número para la atención de un especialista. Esa es la triste realidad de nuestro sistema público de salud. Esto pasa a pesar de que según informes de la Dipres el gasto en salud ha crecido en un 9% entre 1990 y 2012 duplicando el PIB del 1,6% al 3,5%, muy por sobre el promedio de países de la OCDE. Informes de la Subsecretaria de Redes Asistenciales del Minsal mencionan que hay más de dos millones de pacientes en listas de espera, más de sesenta mil patologías Ges no atendidas, más de trescientas mil cirugías dilatadas y lo más grave sobre doce mil pacientes con patologías de cáncer no atendidos. Uno de estos pacientes puede ser tu madre ¿no te conmueve?
Ni el ejecutivo ni el legislativo han estado a la altura del grave problema de la salud. El director de Fonasa y el Subsecretario de Salud han declarado que están en la política del monopolio estatal de los pacientes mediante un Fondo Único en Salud y dejar al sector privado como seguros de “segundo piso”. En la arista legal desde los 2000 nuestros jueces advertían que había serios problemas de conflictividad en nuestro sistema de salud privado, quienes no hicieron nada por la complejidad política. “No se ha abordado la reajustabilidad de los planes” (ministro Sergio Muñoz), “se necesitan cambios legislativos y revisión de las políticas vigentes (ministro Haroldo Brito). Esto terminó en la Resolución del Tribunal Constitucional de agosto del 2010 que abrió las puertas de la judicialización del sistema donde ingresaron más de 2,2 millones de causas a las Cortes de Apelaciones entre el 2013 y 2022 que fue el origen de la Resolución de la Tercera Sala de la Corte Suprema de noviembre del 2022. Es de destacar que el ejecutivo por intermedio de la superintendencia de salud demoró casi una década en dictar la resolución IF 343 determinando la tabla única de factores en diciembre del 2019 interpretando la resolución del Tribunal Constitucional del 2010. La legislación chilena de acuerdo con el artículo 3 del Código Civil establece que las sentencias judiciales tienen fuerza obligatoria “solo de las causas judiciales que se pronunciaren o de lo contrario es un grave atentado a la democracia”, como lo hizo ver el Observatorio Judicial y la ministro Angela Vivanco en una entrevista periodística. Llama la atención que ni el ejecutivo ni el legislativo preguntara por el número de incumbentes y el ejecutivo se pronunciara muy precipitadamente estableciendo un monto de devolución de U$ 1500 millones en una interpretación del fallo de la Corte. Es extraordinariamente grave para una democracia que los jueces traspasen problemas de políticas públicas al poder ejecutivo y que este interprete los fallos. Profesionales nombrados por la Comisión Salud del Senado mencionan una cifra de U$ 500 millones y asesores de la Presidencia, en un criterio netamente político, establecen la cifra en U$ 1000 millones.
Para resolver el problema de la salud pública y privada en Chile hay que pensar “en grande” o como decía el filósofo Jorge Millas de la Universidad de Chile, “sentémonos a conversar como si no sé nada para entender lo que el otro quiere decir”. Debemos tener generosidad y humildad para resolver este grave problema.
Hay que definir los problemas de la salud de los próximos decenios con sentido de Estado y es un trabajo multidisciplinario de médicos, enfermeras, tecnólogos, matronas, profesionales de la salud, ingenieros, arquitectos, economistas. Se necesita mucha ingeniería en salud.
El monopolio estatal solo produce un mal uso de los recursos en salud aumentando la burocracia, es fuente de corrupción y empobrece a la clase media. Destruir al sistema privado en Chile es un grave error de políticas públicas en salud. Hay una vieja escuela de salubridad pública que no avanza con la tecnología y no incorpora las herramientas modernas de la administración y la economía, que ha predominado en los últimos decenios con los resultados que conocemos. Los hospitales públicos, a pesar de ser organizaciones equivalentes a una empresa mediana o grande, no tienen gerentes. Voluntarismos, improvisaciones, dogmatismos, parches, presiones gremiales más allá de lo prudente se ve mucho en salud.
No se debe confundir salud con medicina. Salud es definido por la OMS como “equilibrio orgánico y es un completo bienestar físico, mental y social” y medicina es de acuerdo con la Academia de la Lengua Española “un conjunto de herramientas y técnicas aplicadas a la prevención y tratamiento de enfermedades humanas” o del latín “curar, medicar”. Los problemas de la salud afectan lo esencial del ser humano que es la vida y por eso es difícil avanzar.
Modernizar al sector en base a ciertos principios básicos es la tarea de hoy.
El paciente y no otro es el eje de toda política pública en salud como lo determina el juramento Hipocrático.
Un Estado moderno debe ser rector de las políticas públicas en salud como quedó demostrado en la pandemia. Un ministerio con vicepresidencias ejecutivas, hospitales con gerencias y directorios estableciendo políticas de productividad incorporando el financiamiento privado y la beneficencia es sustantivo. Mejorar el sistema de compras públicas del sector y digitalizar el sistema de licencias médicas es tarea pendiente.
Orientar el gasto a la prevención y salud primaria con subsidios directos a las personas en planes básicos obligatorios usando la tecnología actual como diagnóstico por imágenes, mamografías, colonoscopía, ecotomografía entre otros. Actuar antes que se produzca la enfermedad nos enseña la milenaria cultura china. La capacitación es sustantiva y se debe definir una política pública con las facultades de medicina y las sociedades científicas. ¿Es el servicio militar social una herramienta del Estado en la alfabetización sanitaria? ¿Cómo vamos a enfrentar los problemas de alcoholismo juvenil, obesidad, drogadicción y salud mental entre otros?
Definir que el sistema de salud chileno es mixto, con participación público y privado, estableciendo reglas claras que incentiven la inversión en el sector estableciendo índices de reajustabilidad reales. En este sistema el foco debe estar en el paciente al centro de toda política pública en salud para que tenga la capacidad de elegir libremente el prestador. Esta es la esencia de un buen sistema de salud. El Estado debe orientar los recursos a la demanda, otorgando subsidios directos en un plan único garantizado a las personas donde no deben existir preexistencias ni restricciones para que el paciente tenga acceso igualitario y oportuno a los servicios de salud.
Establecer un seguro catastrófico universal obligatorio que proteja a los pacientes de enfermedades de alto costo.
Un estatuto de los trabajadores de la salud que los proteja de las agresiones e incentive la carrera funcionaria
La ley corta presentada por el ejecutivo que está en trámite legislativo no resuelve los graves problemas de la salud. En mi opinión, debemos actuar con criterio de Estado y nombrar una comisión mixta presidida por un senador con liderazgo que actúe pensando que un buen sistema de salud debe tener al paciente al centro y un ejecutivo que actúe de acuerdo con los desafíos de los problemas de la salud de los próximos decenios, dejando los eslóganes y dogmatismos que tanto daño le hacen a las políticas públicas en salud, donde no hemos tenido la altura intelectual ni valentía en resolver este problema que afecta dramáticamente la salud de millones de chilenos y tiene al sector en una grave incertidumbre. Diseñar un plan quinquenal en salud que trascienda el Gobierno de turno. Que Dios ilumine a nuestras autoridades en resolver con humildad y generosidad este grave problema.
Ni el ejecutivo ni el legislativo han estado a la altura del grave problema de la salud. El director de Fonasa y el Subsecretario de Salud han declarado que están en la política del monopolio estatal de los pacientes mediante un Fondo Único en Salud y dejar al sector privado como seguros de “segundo piso”. En la arista legal desde los 2000 nuestros jueces advertían que había serios problemas de conflictividad en nuestro sistema de salud privado, quienes no hicieron nada por la complejidad política. “No se ha abordado la reajustabilidad de los planes” (ministro Sergio Muñoz), “se necesitan cambios legislativos y revisión de las políticas vigentes (ministro Haroldo Brito). Esto terminó en la Resolución del Tribunal Constitucional de agosto del 2010 que abrió las puertas de la judicialización del sistema donde ingresaron más de 2,2 millones de causas a las Cortes de Apelaciones entre el 2013 y 2022 que fue el origen de la Resolución de la Tercera Sala de la Corte Suprema de noviembre del 2022. Es de destacar que el ejecutivo por intermedio de la superintendencia de salud demoró casi una década en dictar la resolución IF 343 determinando la tabla única de factores en diciembre del 2019 interpretando la resolución del Tribunal Constitucional del 2010. La legislación chilena de acuerdo con el artículo 3 del Código Civil establece que las sentencias judiciales tienen fuerza obligatoria “solo de las causas judiciales que se pronunciaren o de lo contrario es un grave atentado a la democracia”, como lo hizo ver el Observatorio Judicial y la ministro Angela Vivanco en una entrevista periodística. Llama la atención que ni el ejecutivo ni el legislativo preguntara por el número de incumbentes y el ejecutivo se pronunciara muy precipitadamente estableciendo un monto de devolución de U$ 1500 millones en una interpretación del fallo de la Corte. Es extraordinariamente grave para una democracia que los jueces traspasen problemas de políticas públicas al poder ejecutivo y que este interprete los fallos. Profesionales nombrados por la Comisión Salud del Senado mencionan una cifra de U$ 500 millones y asesores de la Presidencia, en un criterio netamente político, establecen la cifra en U$ 1000 millones.
Para resolver el problema de la salud pública y privada en Chile hay que pensar “en grande” o como decía el filósofo Jorge Millas de la Universidad de Chile, “sentémonos a conversar como si no sé nada para entender lo que el otro quiere decir”. Debemos tener generosidad y humildad para resolver este grave problema.
Hay que definir los problemas de la salud de los próximos decenios con sentido de Estado y es un trabajo multidisciplinario de médicos, enfermeras, tecnólogos, matronas, profesionales de la salud, ingenieros, arquitectos, economistas. Se necesita mucha ingeniería en salud.
El monopolio estatal solo produce un mal uso de los recursos en salud aumentando la burocracia, es fuente de corrupción y empobrece a la clase media. Destruir al sistema privado en Chile es un grave error de políticas públicas en salud. Hay una vieja escuela de salubridad pública que no avanza con la tecnología y no incorpora las herramientas modernas de la administración y la economía, que ha predominado en los últimos decenios con los resultados que conocemos. Los hospitales públicos, a pesar de ser organizaciones equivalentes a una empresa mediana o grande, no tienen gerentes. Voluntarismos, improvisaciones, dogmatismos, parches, presiones gremiales más allá de lo prudente se ve mucho en salud.
No se debe confundir salud con medicina. Salud es definido por la OMS como “equilibrio orgánico y es un completo bienestar físico, mental y social” y medicina es de acuerdo con la Academia de la Lengua Española “un conjunto de herramientas y técnicas aplicadas a la prevención y tratamiento de enfermedades humanas” o del latín “curar, medicar”. Los problemas de la salud afectan lo esencial del ser humano que es la vida y por eso es difícil avanzar.
Modernizar al sector en base a ciertos principios básicos es la tarea de hoy.
El paciente y no otro es el eje de toda política pública en salud como lo determina el juramento Hipocrático.
Un Estado moderno debe ser rector de las políticas públicas en salud como quedó demostrado en la pandemia. Un ministerio con vicepresidencias ejecutivas, hospitales con gerencias y directorios estableciendo políticas de productividad incorporando el financiamiento privado y la beneficencia es sustantivo. Mejorar el sistema de compras públicas del sector y digitalizar el sistema de licencias médicas es tarea pendiente.
Orientar el gasto a la prevención y salud primaria con subsidios directos a las personas en planes básicos obligatorios usando la tecnología actual como diagnóstico por imágenes, mamografías, colonoscopía, ecotomografía entre otros. Actuar antes que se produzca la enfermedad nos enseña la milenaria cultura china. La capacitación es sustantiva y se debe definir una política pública con las facultades de medicina y las sociedades científicas. ¿Es el servicio militar social una herramienta del Estado en la alfabetización sanitaria? ¿Cómo vamos a enfrentar los problemas de alcoholismo juvenil, obesidad, drogadicción y salud mental entre otros?
Definir que el sistema de salud chileno es mixto, con participación público y privado, estableciendo reglas claras que incentiven la inversión en el sector estableciendo índices de reajustabilidad reales. En este sistema el foco debe estar en el paciente al centro de toda política pública en salud para que tenga la capacidad de elegir libremente el prestador. Esta es la esencia de un buen sistema de salud. El Estado debe orientar los recursos a la demanda, otorgando subsidios directos en un plan único garantizado a las personas donde no deben existir preexistencias ni restricciones para que el paciente tenga acceso igualitario y oportuno a los servicios de salud.
Establecer un seguro catastrófico universal obligatorio que proteja a los pacientes de enfermedades de alto costo.
Un estatuto de los trabajadores de la salud que los proteja de las agresiones e incentive la carrera funcionaria
La ley corta presentada por el ejecutivo que está en trámite legislativo no resuelve los graves problemas de la salud. En mi opinión, debemos actuar con criterio de Estado y nombrar una comisión mixta presidida por un senador con liderazgo que actúe pensando que un buen sistema de salud debe tener al paciente al centro y un ejecutivo que actúe de acuerdo con los desafíos de los problemas de la salud de los próximos decenios, dejando los eslóganes y dogmatismos que tanto daño le hacen a las políticas públicas en salud, donde no hemos tenido la altura intelectual ni valentía en resolver este problema que afecta dramáticamente la salud de millones de chilenos y tiene al sector en una grave incertidumbre. Diseñar un plan quinquenal en salud que trascienda el Gobierno de turno. Que Dios ilumine a nuestras autoridades en resolver con humildad y generosidad este grave problema.
Jaime Calderón Riveros
Ingeniero Comercial
Santiago, febrero 21, 2024Artículo aparecido en "Revista Mirada FEN" de mayo de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile.
jueves, 15 de febrero de 2024
Conversación con Enrique Evans: Salud
Salud
¿Qué es la salud?
Salud es equilibrio orgánico y es definido por la Organización Mundial de la Salud desde 1948 “la salud es un completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afección de enfermedades”
Medicina es “la ciencia que tiene por objeto la conservación y restablecimiento de la salud” o como lo dice la Academia de la Lengua Española es “un conjunto de herramientas y técnicas aplicadas a la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades humanas”. En Latín, curar, medicar.
Medicina y salud son conceptos distintos que tienden a confundirse.
Ingeniería del latín “ingenium” es crear avances tecnológicos que mejoren el bienestar de las personas y en la medicina actual tiene un importante rol.
¿Qué nos pasó en salud?
El crecimiento de Chile ha sido notable en los últimos decenios. El PIB se multiplicó por cinco en los últimos 30 años, la pobreza bajo del 68% al 8%, la matrícula universitaria se multiplicó por cinco, tenemos la más moderna red de autopistas de AL, cobertura casi del 100% del agua entre otros. A pesar de los notables avances económicos según informes de la Subsecretaría de Redes Asistenciales tenemos más de dos millones de pacientes en espera de la consulta de un especialista, más de sesenta mil pacientes Ges no atendidos, trescientas mil cirugías dilatadas y lo más grave, mas de doce mil pacientes con cáncer no atendidos. Esto a pesar de que el gasto en salud creció un 9% real el último decenio según datos de la Dipres que en términos del PIB se duplicó pasando del 1,6% al 3,5% entre 1990 y 2012. Entonces cabe preguntarnos ¿Qué nos pasó en salud?
¿Qué es la salud?
Salud es equilibrio orgánico y es definido por la Organización Mundial de la Salud desde 1948 “la salud es un completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afección de enfermedades”
Salud y Medicina
Medicina es “la ciencia que tiene por objeto la conservación y restablecimiento de la salud” o como lo dice la Academia de la Lengua Española es “un conjunto de herramientas y técnicas aplicadas a la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades humanas”. En Latín, curar, medicar.
Medicina y salud son conceptos distintos que tienden a confundirse.
Ingeniería del latín “ingenium” es crear avances tecnológicos que mejoren el bienestar de las personas y en la medicina actual tiene un importante rol.
¿Qué nos pasó en salud?
El crecimiento de Chile ha sido notable en los últimos decenios. El PIB se multiplicó por cinco en los últimos 30 años, la pobreza bajo del 68% al 8%, la matrícula universitaria se multiplicó por cinco, tenemos la más moderna red de autopistas de AL, cobertura casi del 100% del agua entre otros. A pesar de los notables avances económicos según informes de la Subsecretaría de Redes Asistenciales tenemos más de dos millones de pacientes en espera de la consulta de un especialista, más de sesenta mil pacientes Ges no atendidos, trescientas mil cirugías dilatadas y lo más grave, mas de doce mil pacientes con cáncer no atendidos. Esto a pesar de que el gasto en salud creció un 9% real el último decenio según datos de la Dipres que en términos del PIB se duplicó pasando del 1,6% al 3,5% entre 1990 y 2012. Entonces cabe preguntarnos ¿Qué nos pasó en salud?
Antecedentes legales
La resolución de la Tercera Sala de la Corte Suprema es un problema de larga data. Desde los dos mil se presentaron recursos judiciales y ministros de la Corte hicieron ver en varias oportunidades que la falta de reajustabilidad del sector salud era índice de conflictividad “No se ha abordado la reajustabilidad de los planes” (ministro Sergio Muñoz), “se necesitan cambios legislativos y revisión de las políticas vigentes” (ministro Haroldo Brito). En todo este período el sistema privado no hizo nada por legitimar el sistema ni abordó el problema de la prevención. Esto terminó con la sentencia del Tribunal Constitucional de agosto del 2010 que abrió la compuerta de la judicialización del sistema. El ejecutivo demoro casi una década en emitir la interpretación de la resolución del Tribunal emitiendo la resolución IF/343 determinando la tabla única de factores. Se juntaron más de 2,2 millones de causas entre el 2013 y 2022 en las Cortes de Apelaciones según datos del Ministerio de Justicia que es el origen que la Tercera Sala de la Corte Suprema determinara que la tabla única de factores se aplicara con efecto retroactivo desde la fecha de la Circular de la Superintendencia de Salud. Es particularmente grave para la democracia cuando un Poder del Estado interviene sobre otro y según informes del Observatorio Judicial “las resoluciones judiciales afectan solamente a los incumbentes”. Hasta hoy ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo han preguntado cuantos son los incumbentes. Esta es una situación extraordinariamente grave y el Superintendente de Salud, en forma muy precipitada en mi opinión, determinó un cálculo de U$ 1500 millones.
La resolución de la Tercera Sala de la Corte Suprema es un problema de larga data. Desde los dos mil se presentaron recursos judiciales y ministros de la Corte hicieron ver en varias oportunidades que la falta de reajustabilidad del sector salud era índice de conflictividad “No se ha abordado la reajustabilidad de los planes” (ministro Sergio Muñoz), “se necesitan cambios legislativos y revisión de las políticas vigentes” (ministro Haroldo Brito). En todo este período el sistema privado no hizo nada por legitimar el sistema ni abordó el problema de la prevención. Esto terminó con la sentencia del Tribunal Constitucional de agosto del 2010 que abrió la compuerta de la judicialización del sistema. El ejecutivo demoro casi una década en emitir la interpretación de la resolución del Tribunal emitiendo la resolución IF/343 determinando la tabla única de factores. Se juntaron más de 2,2 millones de causas entre el 2013 y 2022 en las Cortes de Apelaciones según datos del Ministerio de Justicia que es el origen que la Tercera Sala de la Corte Suprema determinara que la tabla única de factores se aplicara con efecto retroactivo desde la fecha de la Circular de la Superintendencia de Salud. Es particularmente grave para la democracia cuando un Poder del Estado interviene sobre otro y según informes del Observatorio Judicial “las resoluciones judiciales afectan solamente a los incumbentes”. Hasta hoy ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo han preguntado cuantos son los incumbentes. Esta es una situación extraordinariamente grave y el Superintendente de Salud, en forma muy precipitada en mi opinión, determinó un cálculo de U$ 1500 millones.
Modernización del Estado
El problema de la salud es un problema que afecta lo esencial del ser humano que es la vida misma. Es un tema que se debe abordar con un criterio de Estado.
Este es un problema multidisciplinario que involucra a médicos, enfermeras, tecnólogos, matronas, profesionales de la salud, ingenieros, arquitectos, economistas. Los grandes problemas de la salud se originan por esa visión parcial donde los dogmatismos, voluntarismos, improvisaciones, egos, presiones de los gremios más allá de lo razonable afectan severamente al sector salud. En mi opinión ni el ejecutivo ni el legislativo han estado a la altura de este grave problema. Falta un Ricardo Lagos en el sector que piense con visión de futuro como lo hicieron en su oportunidad Allende y Cruz Coke.
Hay una gran oportunidad de crear un sistema de salud para los próximos decenios en base a ciertos principios básicos:
El problema de la salud es un problema que afecta lo esencial del ser humano que es la vida misma. Es un tema que se debe abordar con un criterio de Estado.
Este es un problema multidisciplinario que involucra a médicos, enfermeras, tecnólogos, matronas, profesionales de la salud, ingenieros, arquitectos, economistas. Los grandes problemas de la salud se originan por esa visión parcial donde los dogmatismos, voluntarismos, improvisaciones, egos, presiones de los gremios más allá de lo razonable afectan severamente al sector salud. En mi opinión ni el ejecutivo ni el legislativo han estado a la altura de este grave problema. Falta un Ricardo Lagos en el sector que piense con visión de futuro como lo hicieron en su oportunidad Allende y Cruz Coke.
Hay una gran oportunidad de crear un sistema de salud para los próximos decenios en base a ciertos principios básicos:
- Es el paciente y no otro el centro de toda política pública en salud como lo determina el juramento Hipocrático.
- Un Estado moderno de acuerdo con los tiempos actuales debe ser el rector de las políticas públicas en salud con vicepresidencias ejecutivas, hospitales con gerencias y directorios en base a productividad, licitar los servicios de aseo, lavandería, guardias de los hospitales públicos que son un ahorro de recursos y orientarlos al campo médico.
- Orientar el gasto a la prevención y salud primaria usando la tecnología actual como diagnóstico por imágenes, mamografías, colonoscopias, ecotomografías. Actuar antes que se produzca la enfermedad nos enseña la milenaria cultura china. Los planes preventivos deben entregar subsidios directos a las personas financiados por el Estado. Hay un grave problema de obesidad infantil, alcoholismo juvenil, salud mental que debe ser abordado con adecuadas políticas públicas ¿es el servicio militar social una herramienta del Estado para abordar esta grave crisis de salud pública? (como en Suiza o Israel)
- Implementar la ficha única universal es un gran desafío de la ingeniería en salud para implementar el hospital digital.
- Un sistema de salud mixto público-privado complementario estableciendo al paciente, centro de toda política pública, que tenga la facultar de elegir libremente el prestador. Esta es la esencia de un buen sistema de salud. Un sector privado con reglas claras, sistema de reajustabilidad, eliminar las preexistencias con participación de Estado.
- Modernizar el sistema de licencias médicas. Hay tecnología en solucionar este grave problema.
- Un financiamiento mixto con aportes individuales y subsidios del Estado en un plan garantizado básico en igualdad de acceso sin restricciones de preexistencias, económicas. El paciente al centro.
- Formación de los profesionales de la salud con un criterio de Estado. Capacitación en las nuevas tecnologías. Rol de las Sociedades Científicas.
- Un seguro universal catastrófico obligatorio.
- Un Estatuto de los trabajadores de la salud que los proteja de las agresiones e incentive la carrera funcionaria.
Jaime Calderón Riveros
Santiago, febrero 15, 2024miércoles, 6 de diciembre de 2023
Salud y Estado de Derecho
Hoy vivimos una crisis terminal del actual modelo de previsión social en salud. No es responsabilidad de la actual administración sino de décadas de inacción del poder ejecutivo y de un discurso político que no ha considerado al paciente al centro de una política pública en salud. Es políticamente muy rentable dispararle al sistema privado en salud y un buen ejemplo es un diputado que emitía opiniones cuando todavía no se entregaba el informe de expertos. Hay una irresponsabilidad política. Opiniones simples a problemas complejos, signo de nuestros tiempos.
¿Por qué el ejecutivo demoro casi una década en fijar una tabla única de factores después de la Sentencia del Tribunal Constitucional de agosto del 2010? Varios ministros de la Corte habían advertido reiteradamente que no tener un índice de reajustabilidad en salud era motivo de conflicto que el legislador debería resolver ¿Se ajusta a derecho el fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema que interpreta leyes fijando criterios con efecto retroactivo, lo que contradice una sana interpretación de las leyes? El Observatorio Judicial hizo ver que la Resolución de la Corte afecta solo a los incumbentes como lo determina el artículo 3 del Código Civil, “las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino de las causas judiciales que actualmente se pronunciaren o de lo contrario es un grave atentado a la democracia por la independencia de los Poderes del Estado”. Entonces cabe preguntarnos, ¿porque el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo no hizo ver a la Corte que la Resolución de la Tercera Sala intervenía en políticas públicas? ¿Porque no se preguntó a la Corte cuantos y cuáles eran los incumbentes? Curioso que después de una entrevista en La Tercera en que reiteraba este concepto jurídico, la ministro Angela Vivanco fuera suspendida como vocera y no asistiera a la resolución cuando fue presentado el recurso aclaratorio por la Superintendencia de Salud. Es obvio que la Resolución de la Tercera Sala de la Corte Suprema no se debió a un criterio de administrar justicia sino a solucionar el grave problema administrativo de atochamiento por los 2,2 millones de causas presentadas en las Cortes de Apelaciones entre el 2013 y 2022. Esto es consecuencia de la falta de voluntad política y liderazgo en enfrentar el problema de modernizar el sistema salud por la conflictividad que esto significaba y presión de los gremios de la salud. Modernizar el sector público era inviable políticamente como lo demuestra el informe Caldera del exministro Carlos Massad que fue guardado en un cajón o la detención del programa de modernización del sector salud mediante concesiones hospitalarias iniciada por el expresidente Ricardo Lagos.
Falto liderazgo y visión de Estado en resolver el problema de la salud teniendo como eje al paciente, objeto de toda política pública en salud, olvidado por décadas. Los dogmatismos extremos no han permitido avanzar en salud y es indignante para un país que se dice camino al desarrollo con buenos índices macroeconómicos tenga más de quince mil pacientes con cáncer y más de sesenta mil garantías Ges no atendidas, más de trescientas mil cirugías dilatadas y más de dos millones de atenciones de especialistas no atendidas lo que es un grave atentado a los derechos humanos de los pacientes. Esto sucede a pesar de una fuerte inversión pública donde el gasto ha crecido un 9% anual entre 1990 y 2012 que en términos del PIB se ha duplicado pasando del 1,6% al 3,5% según informes de la Dipres. En mi opinión, es totalmente precipitada la actuación de la Superintendencia de Salud de mencionar un cálculo de U$ 1,5 millones que no considera la interpretación jurídica y entregarla como cifra oficial lo que no sorprende porque junto a director de Fonasa están por eliminar el sistema privado en salud. Posteriormente una comisión de expertos determinó una cifra de U$ 500 millones y el Gobierno entrega una cifra de U$ 1,0 millones que más parece una negociación política que técnica.
En mi opinión, los ejes a una solución del problema de salud que tenga al centro al paciente con el objeto de que este tenga un acceso oportuno e igualitario a la salud debe considerar. Primero, fijar que el centro de toda política pública en salud debe ser el paciente (la milenaria cultura china, muy pragmática, nos dice que no importa el color del gato, sino que coma ratones). Segundo un Estado directriz de las políticas públicas en salud con un ministerio moderno con vicepresidencias ejecutivas y hospitales con directorios y gerencias en base a productividad captando recursos de la empresa y beneficencia y concesionando los edificios, aseo, lavandería para tener mejor uso de recursos. Tercero, definir que el sistema de salud chileno es un sistema mixto con participación pública y privada fijando reglas claras y políticas de reajustabilidad en salud que considere el incremento del costo por la tecnología entre otros.Cuarto, orientar el gasto a la prevención y salud primaria para resolver el grave problema de la obesidad, alcoholismo, drogadicción, salud mental, salud odontológica usando la tecnología como diagnóstico por imágenes, mamografía, ecotomografía, colonoscopía, exámenes de laboratorio entre otros, estableciendo una fuerte capacitación médica. El Servicio Militar Social, como en Suiza e Israel, es una herramienta del Estado a considerar para enfrentar el grave problema de la drogadicción y delincuencia juvenil. Quinto, un seguro universal solidario y obligatorio que proteja al paciente de enfermedades de alto costo. Sexto, establecer incentivos a los trabajadores de la salud en base a productividad que mejore sus condiciones laborales y los proteja de agresiones.
Se necesitan liderazgos fuertes en salud y fijar políticas públicas de mediano y largo plazo que efectivamente otorguen un acceso igualitario y oportuno a la salud de los pacientes con un criterio de Estado.
Jaime Calderón Riveros
Ingeniero Comercial
Santiago, diciembre 6, 2023
viernes, 1 de diciembre de 2023
Liderazgo en salud
La salud está en la UTI. En la casa del asesor Miguel Crispi se decidió el futuro de la salud en Chile que va a afectar a millones de chilenos. En un ideologismo extremo se privilegió el modelo de un monopolio estatal de los pacientes con un fondo único y seguros privados complementarios. El fondo único empobrece a la clase media y solo produce miseria, desigualdad y es un foco de corrupción, y no considera que el paciente es el centro de una política pública en salud. Un seguro universal sin exclusiones ni carencias de ningún tipo debe ser el foco en una política pública en salud. La Comisión de Salud del Senado hizo un buen acercamiento en consensuar posiciones nombrando comisiones técnicas que no fueron escuchadas por el ejecutivo. Las decisiones del Poder Judicial se extralimitaron en sus funciones interviniendo en políticas públicas del Poder Ejecutivo. La esencia de una democracia es la separación de poderes.
¿Por qué estamos en esta situación? ¿Qué nos pasó?
El problema de la salud en Chile es de larga data donde unos de los aspectos claves es la falta de liderazgo por décadas como es modernizar el sector público. Ejemplo es el Informe Caldera del ministro Carlos Massad que el gremio médico se opuso tenazmente o la detención del plan de concesiones hospitalarias iniciada por el presidente Lagos. Falto liderazgo en no haber resuelto el problema de la reajustabilidad de los seguros privados en el marco de una seguridad social moderna. Desde los 2000 se presentaron recursos judiciales y varios ministros de la Corte hicieron ver la conflictividad de no tener índices de reajustes “No se han abordado la reajustabilidad de los planes” (ministro Sergio Muñoz), “se necesita cambios legislativos y revisión de políticas vigentes” (ministro Hugo Dolmetch). El resultado fue la sentencia del Tribunal Constitucional de agosto del 2010 que dictaminó la inconstitucionalidad de la tabla de factores argumentando la discriminación por sexo y edad. Pasaron casi diez años para la Superintendencia de Salud emitiera circular IF/343, interpretando Resolución del Tribunal Constitucional, determinando una tabla única de factores. Desde mediados de los 2000 en que se presentaron los primeros recursos hasta la dictación de la circular han pasado nueve superintendentes de salud de varios Gobiernos.
Posteriormente la Tercera Sala de la Corte Suprema en noviembre del 2022 dictó sentencia estableciendo que la tabla única de factores se debía aplicar con efecto retroactivo, lo que jurídicamente es objetable, desde la fecha de la circular de la Superintendencia de Salud de diciembre del 2019. El Observatorio Judicial hizo ver que la Resolución de la Corte afecta solo a los incumbentes como lo determina el artículo 3 del Código Civil, “las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino de las causas judiciales que actualmente se pronunciaren o de lo contrario es un grave atentado a la democracia por la independencia de los Poderes del Estado” Este es el mismo criterio de la ministra Angela Vivanco en una entrevista en La Tercera. Es curioso que cuando se presentó recurso de aclaración por la Superintendencia no estuviera en la Tercera Sala la sala y fuera alejada de la vocería de la Corte.
La sentencia de la Tercera Sala de la Corte Suprema se originó básicamente porque la Corte debía resolver el atochamiento por los 2,2 millones de causas presentadas en las Cortes de Apelaciones entre el 2013 y 2022 de las cuales un 65% era por alza de precios y 23% por aumento de la cobertura Ges.
El sistema de salud chileno público y privado vive tiempos dramáticos con un colapso inminente si el ejecutivo no actúa con un criterio de Estado en una solución consensuada. El sector privado atiende el 52% de las atenciones médicas, con solo el 20% de las camas efectúa 680 mil intervenciones que son el 47% del total nacional, el 90% de las diálisis en Chile. El endeudamiento del sistema de aseguramiento privado tiene pérdidas de $ 192,1 mil millones el 2021 y $ 141 mil millones el 2022 según informes de la Comisión nombrada por el Senado. La Subsecretaría de Redes Asistenciales menciona que hay sobre dos millones de consuntas de especialistas atrasadas, más de sesenta mil garantías Ges no cumplidas y lo más grave, más de quince mil pacientes con cáncer no atendidos. Esto a pesar de haber incrementado el gasto un 9% del período 1990-2012 que en términos del PIB significó duplicarlo, pasando del 1,6% al 3,5% según informe de la Dipres.
Se necesita liderazgo en salud para solucionar este grave problema que produce incertidumbre y el colapso del sistema de aseguramiento va a afectar a los pacientes, médicos que va a arrastrar a la quiebra de clínicas y centros privados produciendo un inédito problema de salubridad pública donde se debe actuar con criterio de Estado. Los ejes de una política pública en salud debe ser el paciente objeto de toda política en salud, un Ministerio de Salud moderno de acuerdo a los tiempos actuales con vicepresidencias ejecutivas y hospitales con directorios y gerencias que debe tener un rol de directriz de toda política pública en salud usando todos los mecanismos del Estado, focalizar el gasto a la prevención y salud primaria, medicina familiar, un sistema mixto con participación pública y privada, establecer un plan básico en salud financiado, un seguro universal catastrófico solidario que subsidie las enfermedades de alto costo, incorporar a los trabajadores de la salud estableciendo bonos por productividad entre otros. Falta liderazgo en salud que enfrente con criterio de Estado y generosidad los graves problemas que afectan principalmente a los más pobres.
Jaime Calderón Riveros
Ingeniero Comercial
Santiago, diciembre 1, 2023
jueves, 3 de agosto de 2023
Hacia un sistema mixto en salud
La Resolución de la Tercera Sala de la Corte Suprema de noviembre de 2022 que resolvió el uso de una tabla única de factores en el sistema privado determinó que el Gobierno presentara la denominada “ley corta” al Poder Legislativo para resolver su aplicación. Este es un grave problema de larga data que obedece esencialmente a los 2,3 millones de causas ingresadas a la Corte de Apelaciones desde el 2013 al 2022. Hubo una serie de advertencias de varios ministros de la Corte “Hasta el día de hoy ninguna regulación se ha preocupado del tema de la reajustabilidad de los planes de salud con lo cual la conflictividad se resuelve por los Tribunales” (ministro Sergio Muñoz, año 2015, entre otros). Es de destacar que desde que se iniciaron las causas hasta hoy han existido cinco Gobiernos, diez ministros de Salud, nueve Subsecretarios, ocho Superintendentes de Salud que no resolvieron el problema fundamentalmente por la complejidad política que nos recuerda lo que decía Barros Luco “cuando el problema es muy grande, mejor no hacer nada”. El Poder Ejecutivo demoró nueve años, desde la Sentencia del Tribunal Constitucional en agosto del 2010 hasta que la Superintendencia de Salud emitiera la circular IF343 en diciembre del 2019, unificando la tabla de factores. La aplicación de la tabla de factores obedece a los criterios de la compensación de riesgos establecido en la legislación que creo las Isapres y debió ser corregido oportunamente por el ejecutivo mediante algún mecanismo de reajustabilidad con compensación de riesgo.
El problema de la salud, que afecta gravemente al sector público y privado produce incertidumbre y detención de la inversión. Según informes de la Subsecretaria de Redes Asistenciales en el sector público existían a diciembre del 2022 más de dos millones de pacientes en listas de espera, sobre trescientas mil cirugías dilatadas, sesenta y un mil patologías Ges no cumplidas entre las cuales hay doce mil pacientes de cáncer que es un grave atentado a los derechos básicos de esos pacientes. Es de destacar que según informe de la Dipres el gasto público ha crecido un 9% real en las últimas dos décadas y se ha duplicado entre 1990 y 2012. La salud privada atiende más de once millones de personas, el 90% de los procedimientos de diálisis, el 30% de las camas críticas y las Isapres acumulan una deuda de $ 485 mil millones (30% prestadores individuales) y la deuda del sector público es de $ 343 mil millones según informes de la Asociación de Clínicas.
La complejidad del problema es que tiene aristas judiciales, legislativas y políticas. Si se considera la Resolución de la Corte sobre todos los contratos, como parece lo interpreta el Gobierno, se llega a una cifra de U$ 1400 millones que afecta a 1,2 millones de contratos según datos de la Superintendencia de Salud, que representa 3,2 veces el patrimonio de las Isapres. No obstante, el Observatorio Judicial al igual que el criterio de la ministra Vivanco en entrevista a La Tercera, hacen ver el artículo 3 del Código Civil determina “que las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino de las causas en que actualmente se pronunciaren”. Por consiguiente, es el Poder Legislativo el que tiene que resolver la interpretación del fallo de la Corte. Es la oportunidad además de corregir el índice de reajustabilidad del sistema de salud privado.
Salud y medicina son dos aspectos distintos de la salud pública. Los problemas de la salud actual son diversos a lo de los años 50´s donde la tecnología cambia los paradigmas en tratar enfermedades y la modernización del Estado debe jugar un rol protagónico. El paciente, el gran olvidado en los últimos decenios, debe tener un rol determinante en las políticas públicas modernas en salud ¿Queremos un sistema con un plan garantizado para tener acceso igualitario y oportuno a los servicios de salud con capacidad que el paciente elija libremente el prestador sea este público o privado o un sistema de Fondo Único donde el Estado actúa como monopolio? Esta es una cuestión previa que debe resolver el Poder Legislativo donde el desarrollo de una economía moderno nos orienta hacia sistemas mixtos con participación público privado. Chile tiene capacidad profesional que, con un criterio de Estado y, superando los dogmatismos, improvisaciones, voluntarismos, tan habituales en salud, debemos avanzar entre médicos, enfermeras, tecnólogos, Ten´s, matronas, ingenieros, economistas a un sistema de salud universal de acceso igualitario, oportuno, sin discriminaciones.
Jaime Calderón Riveros
Ingeniero Comercial
Santiago, agosto 3, 2023
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