Chile tiene una larga tradición sanitaria. Desde la fundación del Hospital Nuestra Señora del Socorro en 1552 cuya administración pasó a los Hermanos San Juan de Dios dando origen al actual Hospital San Juan de Dios. Durante el siglo XIX surgen las Juntas de Beneficiencia que administraban los hospitales dando origen al Hospital San José (1841), Hospital del Salvador (1872) y Hospital San Vicente de Paul (1874), actual Hospital Universitario JJ. Aguirre. La creación del Servicio Nacional de Salud en 1952, el sistema Nacional de Servicios de Salud (1979) y el Fonasa y Sistema Privado (1981) el Estado ha tenido un papel fundamental en la protección de la salud pública.
Esta historia importa porque demuestra algo fundamental: la salud siempre ha sido una responsabilidad colectiva. El Estado debe garantizar el acceso y la calidad de las prestaciones, pero ello no significa que deba hacerlo todo directamente. La colaboración entre el Estado, el sector privado, las universidades, la sociedad civil y la filantropía ha sido parte de nuestra historia sanitaria y debe seguir siéndolo.
La medicina, además, ha experimentado una verdadera revolución tecnológica. Desde el descubrimiento de los rayos X por Wilhelm Conrad Röntgen en 1895, la ingeniería ha contribuido decisivamente al desarrollo de la medicina moderna. La tomografía computarizada, la resonancia magnética, el láser, la microscopía quirúrgica, la endoscopía, la robótica, la nanotecnología y hoy la inteligencia artificial han transformado el diagnóstico y tratamiento de millones de pacientes.
Medicina e ingeniería ya no pueden avanzar por caminos separados. El desafío sanitario del siglo XXI exige una visión multidisciplinaria, capaz de incorporar tecnología, arquitectura, gestión, análisis de datos e innovación. La pregunta es si nuestro sistema sanitario está avanzando a la misma velocidad. Lamentablemente la respuesta parece ser negativa.
Chile ha aumentado significativamente los recursos destinados a salud y ha logrado importantes avances en cobertura y esperanza de vida. Sin embargo, seguimos enfrentando listas de espera, cirugías postergadas y garantías GES que no se cumplen oportunamente. Miles de personas esperan meses o años por una atención que necesitan hoy.
Debemos preguntarnos con honestidad qué estamos haciendo mal.
La respuesta no puede ser simplemente gastar más. Necesitamos gestionar mejor, modernizar el Estado, incorporar tecnología y utilizar todos los mecanismos disponibles para aumentar la capacidad del sistema.
Durante los gobiernos de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos se impulsaron reformas relevantes. El AUGE introdujo garantías explícitas para determinadas enfermedades y modificó la relación entre el Estado y los pacientes. El sistema de concesiones hospitalarias, por su parte, permitió incorporar capital privado, capacidad de ejecución y nuevos estándares de infraestructura.
Sin embargo, las concesiones sanitarias han sido objeto de cuestionamientos y cambios que, en algunos casos, terminaron generando retrasos. El Hospital del Salvador es un ejemplo de la necesidad de aprender de estas experiencias.
La discusión no debiera ser ideológica. Cuando un hospital se demora diez años, el costo no es solamente financiero: lo paga el paciente que espera.
Chile necesita una nueva generación de políticas sanitarias.
Primero, debemos poner al paciente verdaderamente en el centro. Toda política pública debe medirse por una pregunta sencilla: ¿mejora o no mejora la atención de las personas? El sistema debe entregar oportunidad, calidad y libertad de elección, evitando que la burocracia institucional termine imponiéndose sobre las necesidades del paciente.
Segundo, debemos modernizar el Estado. El Ministerio de Salud necesita una estructura de gestión acorde con el siglo XXI, con mayor capacidad ejecutiva, evaluación de resultados y profesionales especializados en administración sanitaria. Los hospitales deben contar con gerencias profesionales y sistemas de gobierno corporativo que permitan incorporar capacidades provenientes del sector privado, las universidades y la beneficencia.
También debemos revisar profundamente el sistema de compras públicas. Existen espacios para obtener importantes ahorros mediante mayor transparencia, competencia, tecnología y control de conflictos de interés. Cada peso que se ahorra en administración puede transformarse en una prestación adicional para un paciente.
Fonasa también debe evolucionar. El financiamiento debería seguir al paciente y permitir mayores grados de elección entre prestadores públicos y privados, manteniendo la solidaridad del sistema. Los seguros colectivos, mediante empresas y Cajas de Compensación, pueden contribuir asimismo a ampliar las alternativas de protección.
Tercero, debemos entender que la salud no comienza en el hospital. La prevención debe convertirse en una política de Estado. Obesidad, sedentarismo, enfermedades crónicas, consumo de drogas y abuso de alcohol requieren políticas preventivas mucho más ambiciosas.
La pandemia nos dejó una lección que no podemos olvidar: la salud pública depende también de la educación, de la comunidad y de nuestro entorno social.
Cuarto, debemos completar la transformación digital. Una ficha clínica interoperable entre el sistema público y privado, protegida por altos estándares de seguridad, permitiría evitar duplicaciones, mejorar diagnósticos y facilitar la continuidad de los tratamientos. La telemedicina puede acercar especialistas a regiones y zonas apartadas. La inteligencia artificial permitirá anticipar riesgos, apoyar diagnósticos y hacer más eficiente la utilización de los recursos.
En este proceso, las concesiones pueden desempeñar un papel fundamental. El Estado debe definir las necesidades, establecer estándares, fiscalizar y garantizar el acceso. El sector privado puede aportar financiamiento, innovación, tecnología y capacidad de gestión. No existe ninguna razón para renunciar a una herramienta que puede permitir construir infraestructura sanitaria más rápido y con mejores estándares.
Chile no tiene que escoger entre Estado y privados. Tiene que escoger entre un sistema que funciona para el paciente y uno que obliga al paciente a adaptarse al sistema.
Nuestro país tiene profesionales de excelencia, universidades de primer nivel, médicos, ingenieros, investigadores y emprendedores capaces de desarrollar soluciones de clase mundial. Lo que falta es una institucionalidad capaz de integrar esas capacidades.
La salud no puede seguir siendo una discusión entre modelos ideológicos. Debe ser una política de Estado, evaluada por resultados y centrada en las personas.
El verdadero indicador de éxito no es cuánto gastamos ni cuántos edificios inauguramos. Es cuántos pacientes dejamos de hacer esperar, cuántas enfermedades logramos prevenir y cuántas vidas podemos mejorar.
Chile merece una salud moderna, integrada, tecnológica y humana. Una salud donde el paciente sea el centro y donde ninguna persona tenga que esperar años para recibir la atención que necesita.
La salud no puede seguir postergada.
Santiago, 10 de agosto de 2026
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